El congresista republicano Carlos Giménez elevó el tono contra el régimen cubano después de las quejas de Bruno Rodríguez Parrilla por las investigaciones en Miami a empresarios con vínculos comerciales con la Isla. Desde Washington, el representante por Florida devolvió el golpe con un mensaje directo: La Habana mira demasiado hacia el sur de la Florida mientras el pueblo cubano sigue atrapado en la escasez, los apagones y la represión.
En su publicación en la red social X, Giménez acusó al régimen de estar más pendiente de lo que ocurre en Miami que de las condiciones precarias en que vive la población dentro de Cuba. También lanzó una advertencia política sin rodeos: “Les queda poco, nos estamos encargando de eso”, en referencia a la ofensiva del exilio y de sectores del Congreso estadounidense que buscan cerrar el espacio a cualquier negocio que sostenga al aparato estatal cubano.
La respuesta llegó después de que Rodríguez Parrilla reprochara a políticos de Florida por, según dijo, “obstaculizar, limitar y amenazar” a empresarios estadounidenses y cubanos residentes en ese estado que mantienen relaciones comerciales con empresas públicas y privadas de la Isla. El canciller volvió a envolver el asunto en la vieja narrativa de la supuesta “guerra económica”, mientras evita hablar del desastre interno que su propio régimen ha dejado crecer.
El trasfondo inmediato está en Hialeah, donde la pasada semana se anunció una investigación sobre cerca de 290 empresas locales con posibles vínculos comerciales con el régimen de La Habana. La medida, impulsada por el alcalde Bryan Calvo mediante el grupo asesor Cuba Business Advisory Task Force, busca revisar contratos, licencias y operaciones para determinar si cumplen con la legislación estatal y federal, o si terminan beneficiando directa o indirectamente a entidades controladas por el Estado cubano.
Las compañías señaladas deberán entregar documentación sobre exportaciones, importaciones y servicios, que será sometida a verificación. Si aparecen irregularidades o violaciones de las normas vigentes, las autoridades locales podrían recomendar la suspensión o revocación de licencias y contratos. Para La Habana, ese cerco comercial golpea una de sus pocas rutas para captar oxígeno financiero fuera de la Isla.
Giménez, uno de los críticos más duros del castrismo en el Capitolio, no entró a discutir el detalle jurídico de esas pesquisas. Prefirió llevar el debate al verdadero centro del problema: la crisis económica y social que asfixia a los cubanos, el colapso de los servicios básicos, la escasez de alimentos, los apagones prolongados y la represión contra quienes se atreven a desafiar al poder.
La disputa vuelve a dejar al descubierto la prioridad del régimen: defender sus conexiones externas y sus negocios, mientras el país se hunde por dentro. Cada vez que desde Florida se aprieta el cerco contra sus testaferros y aliados, La Habana responde con ruido diplomático. Pero el fondo permanece intacto: una dictadura agotada, dependiente y cada vez más expuesta ante el exilio y sus adversarios políticos en Estados Unidos.
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