La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Duannis Dabel León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortíz, después de advertir que ambos enfrentan una situación de gravedad y urgencia. La decisión apunta directamente al régimen cubano, que mantiene al joven en una cárcel marcada por golpes, castigos, amenazas y abandono médico, mientras la familia carga también con el hostigamiento.
La CIDH pidió a las autoridades cubanas proteger la vida, la integridad personal y la salud de los dos beneficiarios, asegurar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales y practicar de inmediato una valoración médica integral a León Taboada. También exigió atención y tratamiento oportunos, información a familiares y representantes, y garantías para que el preso no sufra violencia, intimidaciones ni agresiones dentro del penal. En el caso de su madre, la Comisión reclamó medidas con enfoque de género para que pueda ejercer su defensa de derechos humanos sin amenazas ni acoso.
El organismo llegó a esa resolución tras una solicitud presentada por el Observatorio de Derechos Culturales. Antes de decidir, pidió información al Estado cubano, pero La Habana no respondió. Ese silencio confirma la forma en que opera la dictadura: niega, encubre y deja que la represión avance detrás de las rejas.
Duannis León Taboada, de 27 años, fue uno de los jóvenes castigados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Lo detuvieron el 16 de julio y lo llevaron al centro 100 y Aldabó, donde pasó tres semanas sin que su familia conociera su paradero. El 27 de mayo de 2022, el Tribunal Supremo Popular lo condenó a 14 años de privación de libertad por sedición. Después fue trasladado al Combinado del Este, donde permanece.
La resolución recoge denuncias graves sobre lo que ha ocurrido desde entonces. Tras una huelga de hambre y sed iniciada en mayo de 2022, habría permanecido alrededor de seis meses en celda de castigo. En julio de ese mismo año, según el documento, fue golpeado por más de 10 guardias. En octubre de 2022, luego de intentar manifestarse con una camiseta con la palabra “libertad”, habría sido agredido de nuevo y sometido al método conocido como “la carretilla”, descrito como una forma de esposar al detenido con las manos a la espalda y atadas a los pies para lanzarlo por las escaleras, con el resultado de una clavícula dislocada.
Las presiones también tocaron a su madre. En abril de 2023, oficiales habrían retirado al preso de una visita familiar y lanzado amenazas contra ella por sus denuncias públicas sobre la prisión. Ese mismo mes, agentes de la Seguridad del Estado lo habrían interrogado para obligarlo a convencerla de salir del país, con amenazas de incriminarla en un delito común y señales de daño físico. El régimen convirtió la familia en blanco de chantaje político.
La CIDH además describe un episodio de octubre de 2024, cuando León Taboada protestó por la falta de atención médica a recién detenidos que habían llegado al penal durante un apagón nacional. La respuesta, según la resolución, fue una golpiza, gas pimienta y golpes en el torso, los brazos y las piernas. Desde ese día, de acuerdo con el testimonio de la madre, comenzó a perder visión en el ojo izquierdo. Pese a los reclamos, no habría recibido valoración por un oftalmólogo. La Comisión añade que, al conocer esos hechos, Yenisey Taboada sufrió una isquemia cerebral.
En 2025 la situación empeoró. La muerte repentina de un compañero de celda dejó al preso con un fuerte impacto emocional y un cuadro de depresión severa, sin atención psicológica en la prisión. Luego, el 18 de julio, inició una huelga de hambre de 12 días por la violencia física y psicológica que sufría. Mientras tanto, su madre fue detenida ese mismo mes de manera supuestamente arbitraria y violenta, trasladada a una estación policial y sometida a interrogatorios y amenazas cuando intentaba verlo y confirmar su estado de salud.
Tras la huelga, León Taboada quedó debilitado y en delgadez extrema. La resolución también refiere que un guardia lo golpeó cuando colocó el colchón en el piso por falta de una tabla para la litera. La familia protestó, los funcionarios admitieron que había sido un error, y la violencia siguió. Desde entonces, el preso quedó bajo un régimen más estricto, con menos llamadas, salidas limitadas y vigilancia extrema.
El cuadro descrito por la CIDH retrata la realidad de las prisiones cubanas: hacinamiento con más de 30 reclusos, brotes recurrentes de sarna y chinches, ventilación deficiente, humedad, poco acceso al sol, sanitarios convertidos en huecos en el piso, agua escasa y comida deficiente. En una visita del 6 de diciembre de 2025, el preso dijo que no distinguía figuras, letras ni números con el ojo izquierdo y que solo veía manchas. La Comisión también señala que padece hipertensión arterial crónica, policitemia y afecciones renales congénitas, sin el tratamiento ni los estudios especializados que necesita.
La CIDH expresó preocupación especial por Yenisey Taboada Ortíz, a quien ve bajo hostigamiento y amenazas por su labor de denuncia y defensa. El caso deja al descubierto la indefensión de la familia frente a un aparato represivo que castiga al preso político y persigue a quienes lo acompañan. La Comisión concluyó que ambos siguen expuestos a daños irreparables mientras persistan las condiciones descritas.
El organismo recordó además que al menos 543 personas continúan privadas de libertad por su participación en protestas, 360 vinculadas al 11J y 183 a manifestaciones posteriores. También registró 101 condenas de entre 10 y 22 años, junto con denuncias de juicios sin garantías, restricciones a beneficios penitenciarios, límites al contacto familiar y condiciones carcelarias inhumanas. El caso de Duannis León Taboada se suma a la larga lista de castigos ejemplarizantes con los que el régimen intenta aplastar la protesta y sembrar miedo.
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