La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Onaikel Infante Abreu, recluido en la prisión de Agüica, Matanzas, tras denuncias de agresiones físicas, abuso sexual, restricciones de contacto con su familia y falta de atención médica adecuada.
La decisión pone bajo presión al régimen cubano por el trato que recibe un opositor encerrado en una cárcel donde, según la denuncia, su vida, su integridad personal y su salud corren riesgo de daño irreparable. La propia Comisión señaló que el Estado cubano no aportó información sobre el caso, una omisión que deja al descubierto el vacío de control y la opacidad con que se manejan estos expedientes dentro del sistema penitenciario.
La esposa del preso político, Sujay Acosta, agradeció la medida y sostuvo que sigue preocupada por la situación de su marido. De acuerdo con su denuncia, en enero Infante Abreu fue abusado sexualmente por otro recluso mientras estaba en una celda de castigo. La versión describe un entorno carcelario donde un preso político quedó expuesto a violencia dentro de una prisión controlada por el aparato estatal y sin garantías mínimas de protección.
Infante Abreu cumple una condena de ocho años de privación de libertad por su activismo contra la dictadura en La Habana. Fue detenido en 2023 y acusado de propaganda contra el orden constitucional, desacato y atentado, después de subir a una azotea con una sábana en la que escribió “Patria y Vida”, “Libertad”, “Abajo Díaz-Canel y Abajo los Castro” y “Comida para el pueblo”. Su caso vuelve a mostrar cómo el régimen convierte la disidencia en delito y después deja a los presos políticos a merced de la violencia, el aislamiento y el abandono médico.
La CIDH pidió al Estado cubano que adopte medidas inmediatas para proteger la vida, la integridad personal y la salud de Infante Abreu, que garantice condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, que practique una valoración médica integral y que asegure atención especializada sin nuevas agresiones ni intimidaciones dentro de la cárcel. En lo que va de 2026, cuatro personas de la isla —tres presos políticos y la madre de uno de ellos— han recibido medidas de protección del organismo interamericano, una señal más del deterioro de los derechos humanos bajo el castrismo.

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