Congresistas cubanoamericanos pidieron en Miami a la Administración Trump que cierre las licencias federales que permiten exportar a Cuba productos de lujo como ferraris, jacuzzis y motos acuáticas, al considerar que esos negocios terminan apuntalando al régimen y no al pueblo.
La demanda salió a la luz en una rueda de prensa en el Puerto de Miami, donde Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart se unieron a voces del exilio como José Daniel Ferrer, Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez para exigir una revisión inmediata de esas autorizaciones comerciales. El reclamo golpea una zona sensible: la de los permisos que abren paso a ganancias para empresas controladas por el aparato cubano mientras la isla sigue hundida en escasez y control político.
Giménez defendió la necesidad de que el gobierno federal restrinja esas licencias porque, a su juicio, convierten a Estados Unidos en cómplice de la opresión en Cuba. Su advertencia resume el enfoque más duro del exilio: cortar toda vía de ingreso que pueda terminar fortaleciendo la estructura que sostiene la represión interna.
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, reforzó esa lectura al señalar que su oficina revisó las licencias de exportación y concluyó que no todos los productos autorizados sirven a un fin humanitario. Admitió que alimentos, medicinas y bienes esenciales sí tienen utilidad, pero marcó distancia con vehículos de lujo, equipos recreativos, motos acuáticas, jacuzzis y otros artículos de alto consumo, incluidos camiones o frigoríficos, que no responden a esas necesidades básicas.
La carta enviada a los departamentos del Tesoro y de Comercio pide una revisión completa e inmediata para negar cualquier licencia que permita hacer negocios con el régimen cubano, designado por Estados Unidos como patrocinador estatal del terrorismo. La presión política busca cerrar una de las rutas por las que La Habana puede captar recursos mientras mantiene intacto el aparato de poder que ahoga a la población.
Salazar defendió esa ofensiva con una frase que deja clara la pelea en Washington: las sanciones existen para negar apoyo económico a la dictadura cubana hasta que ocurra un cambio democrático real. Desde esa postura, la discusión sobre ferraris o jacuzzis habla de algo más amplio: qué margen se le deja al régimen para seguir obteniendo dinero sin mover un solo centímetro su control sobre la isla.
Giménez también vinculó el asunto con otras fuentes de ingreso que, según dijo, sostienen al poder cubano: el petróleo venezolano, los vuelos, las remesas y los negocios que terminan enviando productos de lujo. La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una realidad conocida por los cubanos: cada entrada de divisas que no alivia la vida del ciudadano común puede acabar reforzando la misma estructura que lo reprime.
El mensaje que salió de Miami confirma que el debate sobre Cuba sigue concentrado en una pregunta política de fondo: mientras el régimen conserve el control de la economía y de las importaciones, cualquier beneficio selectivo puede convertirse en privilegio de la cúpula y no en alivio para la gente.
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