El régimen volvió a apostar por la represión económica para enfrentar la inflación en Cuba y el resultado fue más castigo para los productores, más presión sobre los negocios privados y menos alivio para las familias. Un reciente ejercicio nacional de control de precios dejó 17,000 multas, 1,547 ventas forzosas, 300 establecimientos cerrados, 93 decomisos y 196 proyectos de trabajo retirados, en medio de una crisis donde cada peso cuenta y la comida sigue sin alcanzar.
La ofensiva partió del Ministerio de Finanzas y Precios, que coordinó inspecciones con administraciones locales y autoridades en todo el país. El aparato estatal presentó la operación como una acción contra “violaciones de precios”, pero en la práctica volvió a desplegar la misma receta que ha fracasado durante décadas: controles, presión administrativa y más burocracia sobre una economía asfixiada por decisiones políticas, no por el mercado.
El propio borrador deja claro el trasfondo. Cuba arrastra una inflación intensa medida por la ONEI, y la tasa interanual de enero se ubicó en 12.5%, un nivel que, si se mantiene, empuja otra vez los precios hacia arriba de forma brutal. Esa cifra convive con bodegas vacías, salarios hundidos y pensiones que no alcanzan para nada, mientras las tiendas en dólares aparecen surtidas pero fuera del alcance de la mayoría.
El problema de fondo no está en el vendedor de barrio ni en el cuentapropista que intenta sobrevivir. Está en un modelo que desordenó la economía con la llamada tarea ordenamiento y después trató de corregir sus daños con más control. El resultado ha sido el contrario: menos oferta, más miedo entre los productores y una cadena de castigos que termina golpeando al consumidor cubano, el único que nunca decide nada y siempre paga la cuenta.
El mismo relato oficial exhibe la contradicción del régimen. Habla de “defensa del poder adquisitivo” mientras multiplica inspecciones, impone ventas forzosas, inmoviliza cuentas bancarias, retira proyectos de trabajo y persigue supuestas ilegalidades con un lenguaje de campaña permanente. Esa maquinaria no ordena la economía: la encarece, la reduce y la vuelve más dependiente del capricho estatal.
También queda expuesto el absurdo de un Ministerio de Finanzas y Precios que pretende corregir la inflación con operativos punitivos, pizarras informativas, delaciones y decomisos, como si la escasez naciera de la desobediencia ciudadana y no del fracaso de la planificación centralizada. El régimen insiste en controlar el síntoma y evita tocar la causa: la falta de libertad para producir, vender y fijar precios según la realidad de la oferta y la demanda.
Al final, la operación deja una isla más pobre y más reprimida desde el punto de vista económico. Cada multa, cada cierre y cada decomiso reducen todavía más la disponibilidad de bienes, empujan la oferta hacia abajo y agrandan la asfixia cotidiana de las familias. En Cuba, el control de precios no ha defendido al pueblo: lo ha dejado más desprotegido frente a la inflación que el propio régimen ayuda a alimentar.
El régimen impuso 17,000 multas, 1,547 ventas forzosas y 300 cierres en un nuevo operativo de precios que castiga a productores y deja igual de vacías las mesas cubanas.[8][
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