Cuatro personas murieron en cárceles de Cuba durante septiembre, según denunció el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, en un retrato crudo del estado del sistema penitenciario bajo el régimen. A esa cifra se suma otro dato igual de grave: 85 eventos vinculados a personas detenidas, de los cuales 71 terminaron en violaciones de derechos humanos.
El caso de Alfredo Ulecia Planche, conocido como “Alfredito”, resume el nivel de abuso que domina dentro de los penales. Cumplía una condena de 25 años en la Prisión Provincial de Guantánamo y trabajaba en la cocina del penal. Después de que otro interno lo acusó de vender alimentos, las autoridades lo sacaron de ese puesto. En señal de protesta, ingirió psicofármacos y fue castigado con tres días de “fijación mecánica”, amarrado de manos y pies, sin comida ni atención médica, en un cuarto insalubre.
La versión oficial fue que murió por sobredosis. El centro de documentación considera ese diagnóstico incompatible con las circunstancias descritas. La familia recibió una explicación que no encaja con el trato recibido, el encierro forzado y la falta de asistencia que rodearon la muerte.
Otro fallecimiento ocurrió en el campamento de trabajo forzado Bungo 8, en Santiago de Cuba. Allí murió Ezequiel Aleixi Figueroa Mesa. Las autoridades lo presentaron como un suicidio, mientras la familia denunció signos de violencia física y contradicciones en la información oficial, lo que deja al descubierto la opacidad con que el régimen maneja estos casos.
También murieron Roberto “El Nene”, en la Prisión Provincial de Granma, y Leudis Ramos Mejías, en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. En ambos expedientes, las autoridades hablaron de suicidio, pero el informe apuntó omisiones graves: falta de seguimiento tras intentos previos, ausencia de atención psicológica y abandono de internos que ya convivían con depresión sin protección médica.
El patrón de abusos documentado durante el mes confirma que las cárceles cubanas siguen funcionando como espacios de castigo y desgaste. El reporte registró 48 incidentes de hostigamiento y represión, 24 violaciones al derecho a la salud, 20 casos de negación o deficiencia de atención médica, 10 denuncias por malas condiciones de vida y 8 episodios de celdas de castigo.
Los hechos se extendieron por 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, con mayor concentración en La Habana, Santiago de Cuba y Pinar del Río, especialmente en el Combinado del Este, Mar Verde, la Prisión Provincial de Pinar del Río y Agüica. La extensión geográfica del abuso revela una práctica sostenida dentro del aparato penitenciario.
El centro identificó al menos 55 personas como víctimas directas de violaciones, entre ellas cinco mujeres y 50 hombres, además de ocho denuncias que afectaron a poblaciones enteras de determinados penales. Entre los más golpeados aparecen presos políticos, opositores y afrodescendientes. José Daniel Ferrer, en Mar Verde, y Maykel Castillo Pérez, en la Prisión Provincial de Pinar del Río, encabezan la lista de quienes más incidentes padecieron.
La denuncia también señala a los responsables dentro del sistema: ocho funcionarios penitenciarios, cuatro oficiales de la Seguridad del Estado y dos internos colaboradores fueron identificados de manera total o parcial. Ese engranaje de carceleros, policía política y presos comunes usados como instrumentos de presión sostiene una maquinaria de represalias protegida por la impunidad del régimen.
Entre las formas de castigo documentadas sobresale el aislamiento en condiciones degradantes, una práctica que el informe califica como violación directa de los estándares nacionales e internacionales. A eso se sumaron protestas internas y huelgas de hambre de internos como Julio César Duque de Estrada Ferrer, Walfrido Rodríguez Piloto, Rolando Yusef Pérez Morera, Dilvaldo Valcárcel González, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Georlys Olázabal Draque y Yoani Londres Gamón.
Las protestas respondieron a golpizas, demoras en juicios, permanencia en prisión después de cumplir la sanción y exigencias de libertad para presos políticos. La respuesta fue la represión: celdas de castigo, desnudez forzada, aislamiento prolongado, restricción de visitas y otras formas de humillación dirigidas a quebrar al detenido y también a su familia.
Dayron Martín Rodríguez fue esposado y escoltado ante sus familiares. Amalio Álvarez González recibió la suspensión de visitas por un año y fue catalogado como “preso benéfico”, una etiqueta que limita el acceso a productos básicos que dependen de la ayuda de sus allegados. La cárcel cubana castiga también a la familia, que termina pagando el precio de la arbitrariedad estatal.
Varias víctimas denunciaron amenazas directas contra su vida. En el Combinado del Sur, en Matanzas, un carcelero advirtió a Oscar Sánchez Madan que podía sufrir daños físicos por sus denuncias. En Kilo 8, Camagüey, un oficial de la policía política le comunicó a Amaury Díaz García que podía morir si era necesario como castigo por hablar. El mensaje del régimen es brutal: denunciar también se paga con miedo, aislamiento y riesgo de muerte.
El informe cerró con otro elemento que retrata el abandono sanitario en las prisiones: tuberculosis, escabiosis, chinches, chikungunya, dengue y hepatitis circulan en un entorno marcado por falta de medicamentos, poca agua y alimentación inadecuada. La cárcel cubana sigue siendo un lugar donde la enfermedad, el castigo y el encubrimiento avanzan juntos.
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