La cifra de presos políticos en Cuba volvió a subir y dejó al descubierto el mecanismo de castigo que sostiene el régimen para frenar el descontento. Prisoners Defenders informó este martes que la isla cerró noviembre con 1.192 personas encarceladas por motivos políticos, tras añadir 19 nuevos casos en solo un mes. La organización sostiene que ese aumento confirma una represión sostenida para esconder la crisis política, social y sanitaria que golpea al país.
Javier Larrondo, presidente de la ONG, describió un patrón repetido de violaciones graves: ausencia de tutela judicial, desapariciones forzadas e incomunicación. También señaló que el aparato represivo recurre a figuras penales vagas y amplias, como desobediencia, desacato, desórdenes públicos o instigación a delinquir, para fabricar expedientes y castigar a quienes opinan, protestan o se suman al malestar por los apagones y la ruina de los servicios básicos.
Larrondo habló de terrorismo de Estado en Cuba y apuntó a un castigo extendido sobre ciudadanos comunes, trabajadores, profesionales, personas vulnerables y activistas de derechos humanos. En la isla, la inconformidad cotidiana también se paga con cárcel, vigilancia o intimidación.
El informe pone el foco en los menores de edad procesados por razones políticas. Según los datos divulgados, 33 menores fueron condenados; 10 siguen encarcelados y 23 permanecen fuera de prisión bajo medidas restrictivas y bajo amenaza constante. Larrondo advirtió que esas excarcelaciones con subsidios de pena no equivalen a libertad real, porque los afectados siguen vigilados y expuestos a regresar a prisión.
Las condiciones dentro de las cárceles completan el cuadro de abuso. Prisoners Defenders documentó hacinamiento, insalubridad, mala alimentación, negación de atención médica, castigos y torturas diversas. Entre los presos políticos identificados, 461 presentan patologías médicas graves y 41 padecen trastornos severos de salud mental sin acceso a tratamiento adecuado.
La organización también destacó el peso del 11J dentro de esta cifra acumulada. De los 1.192 presos políticos, 743 estuvieron vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021: 409 permanecen en prisión y 334 cumplen reducción de pena fuera de la cárcel, pero bajo restricciones y amenazas intolerables. Larrondo calificó ese episodio como el mayor golpe represivo en décadas y una de las razones principales del volumen actual de encarcelamientos por motivos políticos.
El resto de los casos, 449 en total, responde al activismo y a las protestas posteriores a esa fecha. Prisoners Defenders también señaló un aumento de las acciones estatales contra organizaciones independientes de la sociedad civil y una persecución más agresiva contra artistas y creadores por su obra, su activismo o su participación en manifestaciones pacíficas. El mensaje del régimen sigue siendo el mismo: quien disiente, paga.
Larrondo cerró con una radiografía demoledora: Cuba figura como el segundo país del mundo por tasa poblacional penal, el primero en casos de detención arbitraria ante el grupo de trabajo específico de Naciones Unidas y el cuarto en acciones urgentes de desaparición forzada. En una isla sometida a censura, miedo y castigo político, esas cifras describen un sistema que criminaliza la libertad.
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