Cuba se encamina este sábado a otra jornada marcada por el colapso eléctrico. En el momento de mayor demanda, el régimen prevé dejar sin servicio al 63 % del país al mismo tiempo, la cifra más alta registrada hasta ahora. El dato confirma hasta dónde ha llevado al país la combinación de abandono, falta de inversión y una infraestructura reventada por años de administración estatal incompetente.
Es el segundo máximo documentado en enero, después de que hace apenas diez días se anticipara un 62 % de la isla apagada. La secuencia deja claro que la crisis no afloja y que la red eléctrica cubana ya opera al borde del derrumbe. Desde 2022, cuando empezaron a divulgarse estos reportes oficiales, nunca se había anunciado una afectación de esta magnitud.
La Unión Eléctrica prevé para la tarde-noche de este sábado una capacidad de generación de 1.160 megavatios frente a una demanda máxima de 3.040. La diferencia, de 1.880 megavatios, obligará a desconectar 1.910 para evitar un apagón todavía más caótico. En un país donde la vida diaria depende de inventos, velas y paciencia, esa cifra se traduce en más horas de oscuridad, más comida perdida y más desgaste para familias y negocios.
El problema viene de atrás y el régimen lo ha convertido en rutina nacional. Ocho de las 16 unidades termoeléctricas operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, y esa fuente aporta en promedio cerca del 40 % del sistema eléctrico. A eso se suma la falta de combustible para sostener la generación distribuida, un dato que la propia UNE ha dejado de precisar y que refleja la opacidad con que maneja una crisis que golpea a todo el país.
La dependencia del crudo venezolano y la escasez de divisas para importar combustible agravan un panorama ya deshecho. Expertos independientes han señalado que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de un sector totalmente controlado por el Estado desde 1959. En manos del régimen, la electricidad dejó de ser un servicio básico para convertirse en un privilegio intermitente.
Los apagones prolongados no solo hunden la economía, que se ha contraído más de 15 % desde 2020 según cifras oficiales. También alimentan el malestar social y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. Cada nuevo récord de oscuridad reafirma la misma verdad: mientras el régimen conserve el control absoluto del sistema, Cuba seguirá pagando con hambre, atraso y silencio un modelo agotado.
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