El régimen cubano cerró con una cadena perpetua la caída de Alejandro Gil, exministro de Economía y antiguo hombre de confianza de Miguel Díaz-Canel. La sentencia, divulgada por el Tribunal Supremo Popular, remata la implosión de uno de los cuadros más visibles del poder y deja al descubierto hasta dónde llega el castigo cuando la cúpula decide convertir un caso interno en escarmiento político.
Gil fue destituido en febrero de 2024, después de haber encabezado el Ministerio de Economía y Planificación desde el primer mandato de Díaz-Canel, en 2018. Durante ese tiempo apareció como pieza clave del aparato económico y como responsable de ejecutar la gran reforma monetaria de la isla. Su salida sorprendió incluso dentro de la nomenclatura, porque horas antes el presidente le había dedicado un “abrazo agradecido” en redes sociales. Un mes después, Díaz-Canel ya hablaba de “graves errores” y aseguraba que ni el Partido ni el Gobierno permitirían la expansión de la corrupción, la simulación y la insensibilidad.
La condena fue dictada después de un juicio a puerta cerrada en La Habana, celebrado entre el 11 y el 13 de noviembre. Según la nota del tribunal, Gil fue considerado culpable de espionaje; actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; cohecho; sustracción y daño de documentos u otros objetos bajo custodia oficial; violación de sellos oficiales, e infracción de las normas de protección de documentos clasificados. El exviceprimer ministro también fue juzgado en un segundo proceso, entre el 26 y el 29 de noviembre, por cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, los tres con carácter continuado. Por esta causa recibió 20 años de prisión.
Ambas sentencias pueden ser recurridas en un plazo de diez días. En un sistema donde el poder político manda sobre el tribunal, esa vía legal queda marcada desde el origen por la falta de independencia judicial. El régimen presenta el expediente como una respuesta penal severa, pero el lenguaje del fallo confirma que quiso elevar el caso a la categoría de traición patria, con toda la carga propagandística que eso implica.
Los jueces afirmaron que Gil engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, provocando daños a la economía, y que incumplió procesos de trabajo con información oficial clasificada, la sustrajo, la dañó y la puso a disposición de “los servicios del enemigo”. Sobre esa base, el Tribunal Supremo Popular insistió en que la “traición a la Patria” es el más grave de los crímenes y merece las sanciones más severas. El mensaje es claro: el poder cubano utiliza el aparato judicial para castigar, fijar disciplina y reforzar su narrativa de enemigo externo, mientras la crisis real del país sigue intacta.
La caída de Gil pesa más porque fue uno de los funcionarios con mayor exposición pública en el gabinete. También cargó con la implementación de la reforma de 2021, la llamada Tarea Ordenamiento, un experimento impuesto desde arriba que hundió el valor del peso y empujó con más fuerza la dolarización. Después llegaron las medidas de ajuste, entre ellas la subida de los combustibles de hasta 400 por ciento, otro golpe directo a una población asfixiada por salarios miserables, inflación y escasez.
La cadena perpetua contra Gil no arregla la economía ni limpia al régimen. Solo confirma un método ya conocido: fabricar cuadros, exponerlos, sacrificarlos y convertir la lucha contra la corrupción en una herramienta de control político. Mientras la cúpula busca un culpable útil, la ruina que ella misma creó sigue golpeando a los cubanos.
Sé el primero en comentar