El régimen cubano dijo este jueves que Estados Unidos está dispuesto a cooperar para esclarecer la incursión de una lancha rápida con matrícula de Florida, señalada por La Habana como una operación armada en aguas del país. El caso dejó cuatro muertos y volvió a subir la tensión entre ambos gobiernos alrededor de un hecho que el Ministerio de Relaciones Exteriores presenta como un intento terrorista.
Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Asuntos Exteriores, aseguró que desde el primer momento las autoridades cubanas detectaron que la embarcación procedía del territorio estadounidense y activaron contactos con el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas. Según dijo, La Habana mantiene abierta la comunicación con Washington para intercambiar información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles del episodio.
El funcionario identificó a diez personas vinculadas a los hechos: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sanchez Gonzalez, Roberto Alvarez Avila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Correa. De ese grupo, los últimos cuatro murieron en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
La versión oficial también afirma que dentro de la lancha había fusiles de asalto y de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas, municiones de varios calibres, medios de comunicación y monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias que La Habana califica de terroristas. El propio comunicado advierte que toda esa información sigue siendo preliminar.
El episodio importa porque el régimen lo coloca de inmediato en la lógica de la amenaza externa y lo usa para reforzar su discurso de asedio permanente. Cada incidente de este tipo termina alimentando la narrativa oficial de confrontación con Estados Unidos, una fórmula que le sirve al aparato político para cerrar filas, blindar su versión de los hechos y mantener la presión interna bajo el lenguaje de la seguridad nacional.
En el mismo texto, la Cancillería insistió en que lo ocurrido no puede verse como un hecho aislado, porque formaría parte de la política de agresiones que Cuba atribuye a Washington desde hace más de seis décadas. Esa lectura oficial deja al descubierto otra vez la dependencia del régimen de la confrontación externa y su necesidad de convertir cada episodio violento en combustible propagandístico para sostener su control político.
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