El régimen cubano movió ficha en medio del colapso económico y dejó abierta la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior inviertan y monten negocios en la isla. El anuncio, hecho por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, marca un giro relevante en la política oficial hacia la diáspora y confirma la urgencia de una economía asfixiada por la escasez, los apagones y la falta de inversión.
Pérez-Oliva Fraga dijo a NBC News que La Habana está dispuesta a ampliar la relación con empresas de Estados Unidos y con cubanos que viven fuera del país y sus descendientes. Fue más lejos: habló de inversiones directas, no solo de comercio, y mencionó incluso grandes proyectos, sobre todo en infraestructura. En otras palabras, el régimen tantea al exilio como salvavidas financiero después de años de cerrarle el paso a participar como propietario dentro de su propio país.
Durante décadas, la política oficial se limitó a tolerar remesas y ayudas familiares, mientras mantenía a los emigrados fuera del circuito productivo. Esa exclusión fue una decisión política, no una casualidad. El aparato estatal prefirió administrar la dependencia de millones de cubanos antes que reconocer la capacidad económica de una diáspora que ha sostenido a familias enteras desde fuera.
Ahora el discurso cambió. Miguel Díaz-Canel adelantó que el gobierno prepara nuevas medidas para los cubanos residentes en el exterior y aseguró que ha habido encuentros con miembros de la diáspora en varias regiones del mundo. Según explicó, esas consultas fueron organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el de Comercio Exterior, y las propuestas terminaron bajo análisis de la cúpula del régimen.
El viraje llega en el peor momento para la economía cubana. La isla arrastra una crisis profunda, con falta de alimentos, apagones prolongados, deterioro del sistema eléctrico y una nueva ola migratoria que vacía barrios, rompe familias y desangra al país. Ante ese panorama, el régimen vuelve a mirar hacia el exterior porque el modelo centralizado que defiende no ha podido sostener ni lo básico.
La contradicción política es evidente. Por años, la propaganda oficial atacó a sectores del exilio y los señaló como enemigos del sistema. Díaz-Canel llegó a insultar a cubanos que consideró contrarios al país. Hoy, esa misma estructura busca el dinero de esa diáspora para sostener sectores estratégicos como el turismo, la minería y la modernización eléctrica, áreas que necesitan capital que el Estado no tiene.
El problema de fondo sigue intacto: el régimen quiere atraer inversión sin ofrecer garantías reales, con restricciones legales, control político y una desconfianza acumulada entre muchos cubanos fuera de la isla. También sigue sobre la mesa la narrativa oficial que culpa a las sanciones estadounidenses de la falta de financiamiento, tecnología, mercados y combustible, mientras el Estado mantiene bajo su dominio los sectores decisivos de la economía y apenas abre espacio donde ya no puede seguir cerrando.
La apertura anunciada puede sonar a gesto pragmático, pero en realidad revela otra cosa: el agotamiento de un sistema que durante años castigó el emprendimiento, marginó al exilio y concentró el poder económico en manos del Estado. Si la dirigencia cubana ahora necesita acudir a quienes expulsó o despreció, es porque su propio modelo dejó de producir salida.
El régimen cubano tantea al exilio como fuente de inversión en plena crisis, tras años de excluirlo de la economía y atacarlo políticamente.[8][
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