La crisis de combustible volvió a dejar al régimen cubano contra la pared. La suspensión de los suministros venezolanos, sumada a la presión internacional sobre los barcos y proveedores que aún se mueven alrededor de la isla, empujó a La Habana a preparar un paquete de medidas urgentes para intentar sostener lo que queda en pie. Miguel Díaz-Canel adelantó que las resoluciones serán anunciadas en los próximos días, tras la reunión del Consejo de Ministros, en medio de una escasez que ya golpea la generación eléctrica y paraliza actividades esenciales.
El mandatario admitió que el plan tomará como referencia el llamado Período Especial, aquel derrumbe económico que empezó en 1991 tras la caída de la Unión Soviética y que marcó a toda una generación de cubanos con apagones, transporte colapsado y privaciones extremas. Ahora, el régimen intenta rescatar esas fórmulas de emergencia para aplicarlas a un país distinto, pero igual de dependiente y más agotado. Díaz-Canel dijo que las directivas fueron ajustadas al contexto actual y que no tendrán carácter permanente: su aplicación dependerá de cómo evolucione la entrada de combustible en el corto plazo.
El propio gobernante reconoció el alcance del golpe. Habló de una limitación grave, con efectos directos sobre la electricidad y sobre otros sectores vinculados al bienestar de la población. También insistió en que las medidas exigirán esfuerzo, una admisión que en Cuba suele significar más sacrificios para la gente común mientras el poder se reserva el derecho de administrar la escasez desde arriba, sin rendir cuentas por décadas de dependencia, improvisación y ruina productiva.
La presión externa complicó todavía más el panorama. Según lo publicado, el fin del suministro venezolano llegó tras la intervención estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, lo que cortó el flujo de crudo hacia la isla. A eso se sumó la advertencia de Washington de imponer aranceles a los países que mantengan envíos de petróleo a Cuba, cerrándole otra vía de escape al régimen y dejando en evidencia la fragilidad de un sistema que nunca dejó de vivir de subsidios, favores políticos y alianzas fallidas.
Desde La Habana, la respuesta volvió a ser la misma de siempre: reclamar combustible como un derecho y denunciar a Estados Unidos como responsable de la asfixia económica. Díaz-Canel aseguró que el país hará todas las gestiones posibles para recuperar el abastecimiento, mientras el discurso oficial repite soberanía y agresión extranjera para ocultar la verdad de fondo: una economía hecha trizas, sin reservas reales y sin capacidad para sostener el consumo básico de la nación.
La dimensión humanitaria del problema también llegó a Naciones Unidas. António Guterres expresó su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Cuba y por la dependencia del país de la importación de hidrocarburos. Su portavoz advirtió que la situación puede empeorar de forma severa, incluso colapsar, si no se satisfacen las necesidades petroleras básicas. Esa alarma internacional confirma lo que ya viven millones de cubanos: sin combustible no hay transporte, no hay generación estable y no hay vida cotidiana posible.
En los próximos días, el régimen deberá revelar el alcance de sus nuevas restricciones. Para la población, eso significa más incertidumbre, más colas, más apagones y menos margen para sostener la rutina diaria. La crisis energética vuelve a desnudar la dependencia estructural del sistema cubano y la incapacidad del poder para ofrecer una salida distinta a la receta de siempre: administrar la escasez, culpar a otros y pedir paciencia a un país que ya no tiene con qué aguantar.
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