La Habana pidió a Washington cooperar para aclarar el ataque de una lancha rápida en aguas cubanas que dejó cuatro muertos, mientras Estados Unidos dijo que está dispuesto a colaborar. El episodio, con diez hombres armados a bordo, volvió a poner bajo tensión una relación ya cargada de sospechas, propaganda oficial y calculada opacidad.
El viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que Cuba quiere intercambiar información con las autoridades estadounidenses “con todo rigor” y que ya solicitó datos sobre los diez tripulantes. El régimen presentó el caso como un intento de infiltración con fines terroristas y difundió las identidades de los cuatro fallecidos y los seis heridos, junto con referencias a rifles de asalto, equipamiento militar y monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista.
La respuesta de La Habana sigue el libreto de siempre: convertir un hecho violento en prueba de asedio externo para reforzar su discurso de fortaleza sitiada. Díaz-Canel repitió ese mensaje al afirmar que Cuba no amenaza ni agrede, pero sí se defiende de ataques terroristas, y prometió una respuesta firme frente a cualquier agresión mercenaria. El régimen usa cada incidente de este tipo para apuntalar su narrativa política y blindar su control interno.
Washington, por su parte, se movió con cautela. Marco Rubio pidió esperar mientras se investiga exactamente qué ocurrió y dijo que Estados Unidos actuaría en consecuencia. A eso se sumó la información de que dos de los tripulantes, uno fallecido y otro herido, eran cubanos y también ciudadanos estadounidenses, un dato que complicó aún más la lectura del caso. El dueño de la lancha, con matrícula de Florida, afirmó además que un empleado le había robado la embarcación.
El fondo del asunto está en una Cuba hundida en la escasez, la presión económica y la dependencia del combustible. El régimen insiste en usar el bloqueo petrolero estadounidense como explicación total del deterioro del país, mientras mantiene intacto un modelo que ha dejado a la isla sin márgenes, con servicios básicos al límite y con cada crisis convertida en munición política.
En paralelo, trascendieron contactos entre el entorno de Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, durante la cumbre de Caricom, en conversaciones ligadas a la posibilidad de aliviar sanciones a cambio de reformas económicas. El gobierno cubano negó esas negociaciones y su representante ante la ONU las desestimó como especulación, pero el episodio confirma que La Habana y Washington siguen moviéndose entre canales opacos, presiones cruzadas y una desconfianza que el propio régimen alimenta con su secretismo.
La ONU también pidió moderación para evitar una escalada y reclamó una excepción humanitaria para enviar petróleo y ayuda a la isla. Al mismo tiempo, su oficina de Derechos Humanos volvió a señalar el impacto del bloqueo en la alimentación, la sanidad y el agua. El régimen se apoya en esas denuncias internacionales para victimizarse, pero no puede esconder que la crisis cubana también responde a décadas de control político, mala gestión y una incapacidad total para sacar al país del colapso.
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