El asedio petrolero de Estados Unidos ha empujado al régimen cubano a preparar un programa de emergencia que la propia nota oficial describe como «muy difícil» para la población. La advertencia remite de inmediato al fantasma de la «opción cero», aquel plan de supervivencia del llamado período especial que hace 35 años dejó al país a merced del apagón económico y del hambre cotidiana.
La referencia no es menor. Cuando La Habana vuelve a hablar de un escenario de emergencia, lo que asoma es la fragilidad de un modelo que depende de una economía sometida, sin colchón productivo real y con una dirección política incapaz de ofrecer soluciones estables. El régimen intenta presentar el ajuste como una respuesta técnica, pero la carga vuelve a caer sobre la gente común, que paga las cuentas de una política exterior hostil y de una gestión interna fracasada.
La mención a la «opción cero» devuelve además una memoria incómoda para los cubanos: escasez severa, sacrificios forzados y una sociedad obligada a sobrevivir mientras el poder conserva sus privilegios. Cada vez que el régimen activa ese lenguaje de guerra económica, reconoce de hecho que su sistema no sostiene ni la alimentación, ni el combustible, ni la vida diaria sin recurrir a medidas extremas.
La presión de Washington agrava una crisis que el castrismo no ha sabido administrar ni resolver. En lugar de abrir la economía, liberar las fuerzas productivas y dejar de asfixiar al país con control político, la dictadura vuelve a apostar por el aguante y por la obediencia forzada. El resultado cae sobre las familias, sobre el transporte, sobre la electricidad y sobre una población agotada por décadas de improvisación, propaganda y miseria planificada.
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