El régimen cubano dio vía libre a mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia para abrir y administrar residencias de cuidados para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, una admisión directa de que el Estado ya no tiene capacidad para sostener por sí solo una demanda que crece mientras la población envejece y los servicios públicos se quedan atrás.
La autorización quedó recogida en el Acuerdo 10249/2025, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Manuel Marrero Cruz, dentro del desarrollo del Decreto 109 sobre el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. La norma habilita residencias de cuidados diurnos, permanentes y mixtas, y marca un giro en un sector que hasta ahora estaba prácticamente monopolizado por casas de abuelos, hogares de ancianos y centros especializados del sistema estatal.
El movimiento tiene una lectura política evidente: el régimen reconoce, por escrito, que no puede cubrir una de las necesidades más delicadas de una sociedad golpeada por el envejecimiento acelerado, la crisis económica y el deterioro de la red pública. En vez de fortalecer de verdad los servicios sociales, abre la puerta al sector no estatal bajo vigilancia estricta y con más controles que libertades.
Quien quiera operar estas residencias tendrá que obtener aval del director general de Salud del municipio, licencia sanitaria del local y pasar por una capacitación obligatoria en escuelas de cuidadores, además de pagar el curso exigido por el Ministerio de Salud Pública. Ese mismo organismo quedará encargado de definir requisitos, otorgar licencias, controlar la formación y supervisar el funcionamiento de los centros.
El acuerdo también impone una cuota social: al menos el 10 % de las capacidades deberá reservarse para personas vulnerables de la comunidad. En esos casos, se aplicará la tarifa estatal vigente para casas de abuelos y hogares de ancianos certificados, y si la persona no puede pagar, la Asistencia Social asumirá total o parcialmente el costo, previa evaluación.
La medida llega con incentivos para los nuevos operadores. Si el servicio se presta en un local estatal arrendado, el titular quedará exento del pago de renta durante dos años, con posibilidad de prórroga hasta tres si la situación económica lo exige. Al terminar ese período, las autoridades decidirán si corresponde cobrar arrendamiento o entregar el inmueble en usufructo.
El cuadro que deja esta decisión es claro. Cuba sigue acumulando población mayor de 60 años, pierde fuerza laboral y arrastra una crisis que ha vaciado la capacidad del Estado para responder con dignidad a la vejez y la discapacidad. El régimen, que durante décadas vendió el monopolio estatal como garantía de protección social, termina reconociendo que necesita a privados para sostener un servicio básico que debió haber defendido con recursos propios.
La apertura no significa una retirada del control político. El MINSAP y el resto de los aparatos administrativos conservarán la llave del sistema: autorizan, supervisan, fijan tarifas, exigen cuotas y deciden quién puede entrar y quién no. En Cuba, incluso cuando el régimen admite su fracaso, lo hace sin soltar el mando.
El acuerdo entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
El régimen cubano autorizó a mipymes, cooperativas y cuentapropistas a abrir residencias para ancianos y discapacitados, una admisión de su incapacidad para sostener ese servicio.[8][
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