Cuba llegó al cierre de la semana pasada con 50.101 casos acumulados de chikunguña y 55 muertes vinculadas a la epidemia de arbovirosis, según la propia actualización oficial del Ministerio de Salud Pública. La magnitud del brote vuelve a dejar al descubierto la fragilidad sanitaria del país y la costumbre del régimen de administrar la información a cuentagotas, cuando el daño ya está extendido en la calle.
La viceministra Carilda Peña García informó en el programa Buenos Días que de esos contagios 48.198 quedaron como sospecha clínica y solo 1.903 fueron confirmados. Ese dato importa porque revela hasta qué punto la estadística oficial descansa en diagnósticos presuntivos y no en una confirmación de laboratorio que permita medir con precisión la extensión real del virus. El MINSAP presenta ese método como parte de su estrategia de vigilancia, pero el resultado es un registro poco verificable y fácilmente manipulable desde el aparato estatal.
La propia funcionaria sostuvo que en relación con la semana previa hubo una disminución de 955 casos y que la tasa de incidencia bajó de 29,76 a 19,73, cifras que el ministerio atribuye a la campaña antivectorial y al control sanitario. Aun así, la curva descendente reciente no borra el impacto acumulado de una epidemia que el régimen reconoció tarde y que ha golpeado a un sistema de salud exhausto, incapaz de ofrecer transparencia plena sobre los contagios y sus consecuencias.
El problema no termina en la morbilidad. El MINSAP había reconocido 33 fallecidos por arbovirosis el 1 de diciembre, y luego elevó el balance a 55 el 19 de diciembre, tras sumar tres muertes más por chikunguña. De ese total, 37 correspondieron a chikunguña y el resto a dengue, según la información divulgada por la propia viceministra en la televisión estatal. La evolución de esas cifras confirma un patrón conocido en Cuba: el reconocimiento oficial avanza tarde, por tramos, cuando la realidad ya desborda cualquier intento de control comunicacional.
La comparecencia de este lunes tampoco trajo nuevas muertes, pero sí admitió una reducción de ingresos en cuidados intensivos y del número de pacientes hospitalizados con síndrome febril. El Gobierno insiste en que el país se acerca a una “zona de alarma” y empieza a dejar atrás el pico epidémico. La frase busca proyectar alivio, aunque el saldo sigue siendo el de una epidemia nacional con transmisión extendida, hospitales presionados y una administración que no ha conseguido responder con eficacia ni con honestidad informativa.
En términos concretos, el acumulado oficial de más de 50.000 casos de chikunguña y 55 muertes por dengue y chikunguña deja una realidad dura: el régimen terminó admitiendo, de forma escalonada, la dimensión mortal del brote cuando el país ya cargaba con sus peores efectos. En Cuba, la falta de transparencia sanitaria también mata confianza, y esa herida pesa tanto como el virus.
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