El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quedó bajo críticas de investigadores y del gremio de comunicadores después de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en el país. La respuesta fue inmediata porque esa promesa choca con la realidad de un entorno donde el control político pesa sobre la prensa y cualquier anuncio oficial se mide contra lo que viven reporteros y medios.
La declaración de Rodríguez intenta proyectar una imagen de apertura, pero el cuestionamiento revela otra cosa: en Venezuela, hablar de libertad periodística bajo tutela del poder sigue siendo una maniobra política difícil de creer. Cuando una figura de primer nivel del aparato oficial ofrece garantías sin que existan señales claras de respeto al trabajo informativo, el mensaje termina sonando más a propaganda que a compromiso real.
El señalamiento también deja al descubierto la fragilidad de ese discurso gubernamental frente a los periodistas. El gremio no compra con facilidad promesas de seguridad cuando el poder controla el terreno, fija los límites y pretende aparecer como árbitro de las mismas libertades que restringe. En regímenes de este tipo, la retórica oficial suele buscar legitimidad externa, mientras adentro persisten la presión, la vigilancia y la autocensura.
La reacción de investigadores y comunicadores importa porque desmonta el intento de vender normalidad donde sigue habiendo desconfianza. La libertad de prensa no se garantiza con una frase solemne desde una tribuna parlamentaria; se demuestra con hechos, y esa es justamente la deuda que deja la declaración de Rodríguez. El caso vuelve a mostrar cómo los aparatos de poder en sistemas autoritarios usan el lenguaje de los derechos para blanquear su propia responsabilidad en su deterioro.
Sé el primero en comentar