Las cárceles cubanas volvieron a dejar en julio un saldo brutal: 91 denuncias vinculadas a personas encarceladas, 68 de ellas por violaciones de derechos y dos muertes bajo custodia. El dato confirma un sistema penitenciario hundido en el castigo, la negligencia y el abandono institucional.
El informe mensual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, con sede en México, recogió 77 denuncias provenientes de cárceles y centros de detención de todo el país. La radiografía que deja es la de un régimen que utiliza la prisión como espacio de presión política y deterioro humano, mientras la vida de los reclusos queda a merced de la improvisación y el maltrato.
Una de las muertes reportadas fue la de Yan Carlos González, de 44 años y natural de Manacas, Villa Clara. Murió después de más de un mes en huelga de hambre, mientras permanecía en prisión provisional acusado de sabotaje, una acusación que él negaba. La organización denunció además que días antes de su muerte se le cambió la medida cautelar para impedir que el deceso quedara registrado como ocurrido bajo custodia.
El segundo fallecido fue Jimmy Gerardo Castrillo, costarricense de 51 años, muerto en la cárcel La Condesa, en Mayabeque. Las autoridades cubanas hablaron de bronconeumonía, pero su tía asegura que la causa real fue anemia y una tuberculosis diagnosticada tarde. El informe presenta ese caso como otra muestra del colapso sanitario dentro de los penales.
En julio al menos 11 reclusos se declararon en huelga de hambre, sobre todo para protestar por la privación arbitraria de libertad y exigir atención médica. Las violaciones afectaron a 51 prisioneros —10 mujeres y 41 hombres— y en ocho casos tuvieron alcance colectivo. Entre los más hostigados figuran los presos políticos José Daniel Ferrer García, Roberto Pérez Fonseca, Juan Enrique Pérez Sánchez, Duannis Dabel León Taboada y Maykel Castillo Pérez.
El patrón descrito por la oenegé apunta a los grupos que el régimen golpea con más saña: opositores, presos por razones políticas y afrodescendientes. Las mayores denuncias se concentraron en cárceles de La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba, con hostigamiento y represión como los hechos más frecuentes, seguidos por la negación de atención médica, las restricciones de comunicación y las golpizas o torturas físicas.
A ese cuadro se suman condiciones materiales críticas: comida deficiente, falta de medicamentos, agua contaminada y hacinamiento. Ese entorno alimenta la propagación de tuberculosis, hepatitis, gripes y escabiosis, y confirma que el sistema penitenciario cubano funciona como una maquinaria de degradación humana más que como un espacio de cumplimiento de la ley.
El CDPC, programa de la organización Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., monitorea desde 2023 las violaciones de derechos dentro de los centros de detención y reclusión de la Isla. Su trabajo busca dejar constancia de lo que el discurso oficial intenta borrar: una red carcelaria opaca, sin control independiente y marcada por la tortura, el abuso y la muerte.
La propia entidad ya había advertido en un informe anterior que, entre enero y junio de 2025, al menos 24 personas murieron bajo custodia estatal y se registraron 160 denuncias de tortura. De ellas, 104 estuvieron vinculadas a la negación deliberada de atención médica, 45 a golpizas y tortura física, y 11 a tortura psicoemocional, en al menos 43 cárceles del país.
La exigencia que deja este nuevo reporte es directa: abrir las cárceles cubanas a observadores independientes, investigar cada caso y detener de inmediato la tortura y los tratos inhumanos que el régimen normaliza tras los muros del penal.
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