El régimen cubano detuvo en La Habana a diez ciudadanos panameños acusados de haber entrado a la isla para colocar carteles contra el sistema político. La propia versión del Ministerio del Interior los coloca ahora bajo la figura de propaganda contra el orden constitucional, un delito que puede llevarlos a prisión por entre tres y ocho años.
La respuesta oficial vuelve a exhibir el reflejo más viejo de la dictadura: convertir una acción de propaganda opositora en un expediente penal. Según el relato del Minint, los detenidos habrían sido enviados a Cuba con la tarea de confeccionar letreros subversivos, salir del país después de cumplir el encargo y regresar a Panamá por una paga que oscilaría entre mil y mil 500 dólares para cada uno.
El caso importa porque la denuncia no se queda en un hecho aislado de madrugada en la capital. El régimen lo presenta como una operación organizada, y con eso busca reforzar su narrativa de control total mientras vuelve a criminalizar cualquier gesto de rechazo visible. En Cuba, colgar un cartel sigue siendo suficiente para activar la maquinaria policial, judicial y propagandística del poder.
Las autoridades también dicen que los implicados reconocieron ser autores de los hechos, en referencia a los carteles aparecidos el fin de semana en La Habana y firmados por CDPC, sigla que al parecer corresponde al movimiento Camino a la Democracia de Cuba. Ese detalle conecta el episodio con la presión política que el régimen intenta apagar desde la base, incluso cuando la protesta no pasa de mensajes escritos en la calle.
La identidad de los detenidos fue divulgada por Boris Betancourt, activista cubano preso en Panamá y líder de ese movimiento. Además, anunció una huelga de hambre en solidaridad con los diez panameños, a quienes describió como personas que estaban dando apoyo a la oposición cubana.
El gobierno panameño, por su parte, informó que seguía de cerca la detención de sus ciudadanos y pidió a La Habana garantizar su integridad física y respetar sus derechos. Ese llamado pone el foco donde corresponde: en la responsabilidad del régimen cubano frente a cualquier detenido extranjero y en el uso desmedido de la represión como método de respuesta política.
La detención de estos panameños confirma, otra vez, que la dictadura cubana trata la disidencia como una amenaza penal y no como expresión de inconformidad ciudadana. Aun cuando el caso involucra extranjeros, el mensaje es el mismo para dentro de la isla: el poder no tolera carteles, voces ni gestos que rompan su monopolio sobre el espacio público.
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