El oficial que disparó contra el joven soldado Deiby Díaz-Pimienta Domínguez en una unidad militar de Pinar del Río fue detenido a inicios de febrero, meses después de haber permanecido en libertad tras el tiroteo ocurrido en septiembre de 2025. La familia supo de la detención por medio del abogado, según contó la madre del muchacho, Yarenni Domínguez Caldevilla.
El caso vuelve a mostrar cómo el régimen maneja la violencia dentro del Servicio Militar Activo, una obligación impuesta a miles de jóvenes cubanos. Mientras el militar identificado como “teniente Ernesto” seguía fuera de prisión, el soldado herido permanecía recluido en la Unidad de Prevención, a la espera de juicio y bajo acusaciones de “desobediencia” y “violencia contra el jefe”.
La madre dijo que en la visita del 9 de febrero encontró a su hijo “bien”, pero una semana antes lo vio con rasgos de depresión, tristeza y miedo. Esa variación entre alivio y deterioro emocional resume el castigo que arrastra este expediente: un joven baleado, encerrado y sometido a una espera prolongada que agrava la herida física y la presión psicológica.
La familia también carga con una vigilancia que invade hasta la conversación más íntima. Durante las visitas, un militar permanece presente, atento a cualquier gesto, seña o palabra relacionada con el proceso. En ese control cotidiano se ve la lógica de un sistema que no concede privacidad ni siquiera entre madre e hijo, y que convierte cada paso del trámite militar en una escena de supervisión.
Según la versión familiar, el balazo del 20 de septiembre le atravesó el muslo derecho y pasó a un milímetro de la arteria femoral. Díaz-Pimienta estuvo dos meses ingresado en el Hospital Militar de Pinar del Río y otros dos en su casa, en Las Martinas, municipio Sandino, antes de ser detenido y llevado a la Unidad de Prevención del Entronque de Ova. Ahora espera ser trasladado a la prisión militar El Globo, en La Habana.
Ese recorrido dibuja la dureza del Servicio Militar Activo en Cuba: una institución obligatoria, cerrada al escrutinio público y capaz de dejar a las familias atrapadas entre la obediencia forzada, el silencio oficial y la incertidumbre sobre la suerte de sus hijos. La madre solo recibe fragmentos de información y debe reconstruir el caso a cuentagotas, con la ayuda del abogado y las visitas permitidas.
También pesa el trasfondo de muertes y accidentes que rodea al servicio militar en la isla. Grupos independientes y activistas han tratado de documentar estos hechos, mientras la página de Facebook “No más víctimas en el servicio militar en Cuba” registró al menos 50 muertes entre 2020 y 2025. En un país donde la verdad sobre la vida militar se maneja con opacidad, cada caso expone el costo humano de un sistema que sigue operando sin rendir cuentas.
La detención del oficial no borra lo sucedido ni cambia la realidad del joven baleado. El muchacho continúa preso, bajo custodia militar y a la espera de juicio, mientras la familia sigue enfrentando un proceso marcado por heridas, vigilancia y ausencia de explicaciones claras. El expediente deja otra señal del abandono y el abuso que el régimen normaliza dentro de sus propias estructuras armadas.
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