La deuda del régimen cubano con empresas españolas ya rebasa los 300 millones de euros y deja otra señal clara del derrumbe económico que arrastra a la isla: cobrar en Cuba se ha vuelto un riesgo incluso para firmas extranjeras con presencia estable en el país.
Un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, citado por El País, coloca en 255,9 millones de euros la deuda privada registrada oficialmente. Pero el propio documento admite que la cifra real es mayor porque no incluye 39,5 millones en dividendos retenidos, 23,6 millones procedentes de operaciones comerciales ni 11,3 millones depositados en cuentas de bienes específicos que tampoco pueden salir del país.
Con esos conceptos sumados, el monto asciende a unos 330 millones de euros. El dato no sale de una impresión aislada: la encuesta fue enviada a 930 compañías españolas con intereses en Cuba y solo respondieron 182, apenas el 19,5 por ciento del total. Aun así, entre las firmas que contestaron, el 85 por ciento reconoció deudas acumuladas sobre todo entre 2017 y 2019.
El golpe ya alcanza a una parte importante del tejido empresarial afectado. Fuentes empresariales indicaron que cerca del 20 por ciento de las compañías está en proceso concursal por los impagos. Cataluña, Madrid y País Vasco concentran la mayor parte de las firmas perjudicadas, mientras que las medianas soportan una deuda media cercana a los dos millones de euros y las microempresas rondan los 850.000.
La morosidad del régimen también asfixia a quienes no pueden darse el lujo de aguantar meses o años sin cobrar. El 19 por ciento de las empresas admitió que Cuba le debe más de lo que facturó en el último año, una señal brutal de la fragilidad en que trabaja cualquier inversionista que dependa de la voluntad de pago del Estado cubano.
El problema ya había sido advertido en 2025 por Foment del Treball, que alertó sobre una deuda superior a 350 millones de euros acumulada desde 2018 con unas 300 empresas españolas. La plataforma de afectados ligada a esa patronal catalana plantea como salida los programas de conversión de deuda del Estado español, mientras crece entre los empresarios la idea de que invertir en la isla sin garantías de cobro es una apuesta perdida.
La crisis no se limita a los balances de las compañías. También golpea al turismo, donde cadenas hoteleras y aerolíneas españolas han tenido que reorganizar operaciones por la baja ocupación, la escasez de combustible, los apagones prolongados y la falta crónica de liquidez del Estado cubano. En otras palabras: el mismo régimen que promete atraer capital extranjero termina estrangulándolo con impagos, bloqueo interno y desorden financiero.
EFE recogió además testimonios de empresarios que describen un entorno cada vez más difícil para trabajar y cobrar. A eso se sumó, según el despacho, el fin de la exportación de petróleo desde Venezuela hacia Cuba tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero, un giro que apretó todavía más a otros proveedores y profundizó la escasez de combustible.
La imagen que deja este expediente es la de un país donde el régimen no garantiza seguridad jurídica, no responde con solvencia y traslada su fracaso a terceros que operan en la isla. Mientras la propaganda insiste en vender estabilidad, las empresas extranjeras enfrentan impagos, congelación de fondos y un mercado marcado por apagones, racionamiento y una moneda local en mínimos históricos.
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