Miguel Díaz-Canel salió este viernes a blindar la versión oficial sobre el caso de la lancha rápida ocurrido el 25 de febrero y aseguró que los detenidos confesaron el plan que, según el régimen, pensaban ejecutar. En una comparecencia televisiva sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el gobernante convirtió el episodio en una nueva pieza de su discurso contra Washington y en respaldo de la narrativa de seguridad que La Habana intenta imponer.
Según dijo, las investigaciones de los órganos de seguridad del Estado permitieron “esclarecer” lo sucedido y los implicados reconocieron su participación. Con esa afirmación, Díaz-Canel buscó cerrar el debate desde arriba y presentar como incuestionable una versión que el poder usa para sostener su relato de amenaza externa y control interno.
El gobernante describió el hecho como “una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”. También sostuvo que los diez tripulantes entraron de forma irregular en aguas territoriales cubanas y estaban fuertemente armados, con lo que descartó la primera versión difundida por fuentes estadounidenses, que hablaba de un posible rescate de familiares en la isla.
La comparecencia dejó otra señal relevante: La Habana espera una posible visita del FBI para colaborar en la investigación del incidente, en el que murieron cinco personas. Díaz-Canel aseguró que ya se informó a Washington y que la parte estadounidense expresó interés en participar en el esclarecimiento de los hechos.
El caso importa porque el régimen vuelve a usar una tragedia con muertos para reforzar su discurso político y su control sobre el relato público. En vez de transparencia, ofrece una versión cerrada; en vez de rendición de cuentas, levanta la bandera de la conspiración externa. Esa es la lógica de un poder que convierte cada episodio sensible en propaganda y cada investigación en una pieza de su maquinaria política.
También queda expuesta la manera en que el castrismo administra estos hechos: protege a su aparato represivo, eleva el tono contra Estados Unidos y trata de imponer su verdad como única lectura posible. En un país marcado por la opacidad estatal, la ciudadanía queda atrapada entre la versión oficial y el silencio forzado que el régimen ha hecho norma.
El incidente muestra, además, hasta qué punto La Habana prefiere sostener la narrativa de la infiltración antes que enfrentar las causas de fondo que empujan a tantos cubanos a arriesgarse en el mar o a quedar atrapados en salidas desesperadas. El régimen insiste en la denuncia política, pero el costo humano recae siempre sobre la gente común.
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