Díaz-Canel volvió a presentar una política económica de doce puntos en plena escasez de combustible y con el país ya al borde de otro derrumbe. La exposición, planteada como respuesta urgente a la crisis, dejó la misma señal de fondo: el régimen insiste en administrar el fracaso con más control, más centralización y las viejas fórmulas que han llevado a Cuba a este punto.
Lo anunciado por el gobernante confirma que La Habana sigue aferrada a un esquema que intenta maquillar el desastre sin tocar su raíz. El “perfeccionamiento” del sistema de gestión, el nuevo reparto de divisas y el regreso a mecanismos de planificación buscan sostener el aparato estatal, no liberar la economía. En una isla agotada por la escasez, eso solo prolonga la ineficiencia que golpea a familias, trabajadores y cualquier intento de actividad productiva.
La reestructuración del aparato estatal para reducir gastos aparece como otra promesa vieja, difícil de cumplir dentro de un modelo que vive de engordar sus propias estructuras. Díaz-Canel habló además de dar más autonomía a la empresa estatal y a los municipios, pero lo hizo sin romper la lógica de control político que define cada decisión. Mientras el régimen conserve esa llave, la autonomía seguirá siendo un anuncio decorativo.
La obsesión con la autarquía atraviesa toda la propuesta. El discurso oficial vuelve a vender la idea de que Cuba puede producir y resolver por sí sola lo que no consigue importar, financiar ni sostener. Ese encierro ideológico empuja a la isla a una ruina todavía mayor y repite una receta que ya fracasó en otros sistemas totalitarios. En la práctica, significa menos comida, menos insumos, menos productividad y más desgaste para una población exhausta.
El plan también incluye cambios en la relación entre el sector estatal y el no estatal, más flexibilidad para la inversión extranjera y una mención expresa al capital de los cubanos residentes en el exterior. Ese detalle revela hasta qué punto el régimen necesita del dinero de la diáspora mientras mantiene dentro de la isla trabas, desconfianza y un marco hostil para cualquier iniciativa que no pase por su control.
A eso se suman la transición energética, la atención a los sectores vulnerables y la promesa de perfeccionar las políticas monetaria, fiscal, financiera y bancaria. Son fórmulas amplias, pero no resuelven el fondo: un Estado incapaz de generar bienestar y una economía que se cae a pedazos mientras el poder sigue hablando en clave de propaganda. Las pensiones miserables, los apagones y el deterioro de la infraestructura eléctrica dejan ese contraste al descubierto.
Díaz-Canel no ofreció una salida clara para la crisis. Presentó otro paquete de consignas económicas al servicio del mismo aparato que ha hundido al país. La responsabilidad política del régimen está en sostener un sistema que bloquea la producción, castiga la iniciativa y convierte cada promesa de reforma en otra vuelta de tuerca sobre una sociedad ya exprimida.
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