Edmundo González Urrutia denunció este jueves que el régimen chavista no ha cumplido ni una parte real de las excarcelaciones prometidas para presos políticos en Venezuela. Mientras algunos nombres salen a la luz, decenas de familias siguen sin listas, sin confirmación oficial y sin una explicación clara sobre quién quedará libre y cuándo.
La acusación del presidente electo exiliado en España apunta al método con que el chavismo administra a los detenidos: anuncia alivios incompletos, deja correr la incertidumbre y condena a las familias a vivir entre rumores y silencio. González habló desde su propia experiencia familiar al recordar que su hija Mariana acompaña la lucha por la libertad de su esposo, Rafael Tudares Bracho, preso desde hace un año.
El daño de esa opacidad es directo. Cada día sin información prolonga la angustia, revictimiza a quienes ya cargan con detenciones arbitrarias y convierte la espera en otro castigo. El régimen no solo mantiene tras las rejas a opositores y allegados; también usa el secretismo como herramienta de presión sobre los suyos.
La jornada de este sábado confirmó que las liberaciones avanzan a cuentagotas. Fueron excarcelados la enfermera Yanny Esther González Terán, tras cinco meses en prisión, Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela en Bolívar, Didelis Raquel Corredor, asistente del activista opositor Roland Carreño, y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano detenido de forma arbitraria desde el 30 de septiembre de 2024.
En paralelo, familiares de detenidos políticos se concentraron en las inmediaciones de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, para exigir que las excarcelaciones se concreten de verdad y no queden reducidas a cifras simbólicas. Acompañados por miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, reclamaron información oficial clara sobre cuántos presos saldrán y en qué condiciones.
La escena deja al desnudo una práctica vieja del chavismo: convertir la libertad en concesión y no en derecho. El régimen reparte excarcelaciones parciales, sostiene la opacidad y prolonga el sufrimiento de las familias que esperan fuera de la cárcel. Cada liberación incompleta confirma que el control político sigue pesando más que la justicia.
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