Estados Unidos abrió una investigación sobre un envío de combustible que salió de Colombia rumbo a Cuba y que terminó bajo la lupa federal por la posible participación de un bróker vinculado a negocios de Álex Saab. El buque Ocean Mariner, con bandera de Liberia, fue interceptado por la guardia costera estadounidense después de una alerta sobre un posible desvío ilegal hacia la isla.
El caso pone otra vez en primer plano la red opaca que rodea al régimen cubano para conseguir combustible, incluso bajo sanciones y advertencias de Washington. La operación, valorada en más de 6,9 millones de dólares, quedó rodeada de dudas desde el principio: el destino declarado en los papeles era República Dominicana, pero la nave cambió de ruta, descargó en Bahamas y allí el cargamento fue vendido a Trafigura Group PTE Ltda.
En la negociación aparecen identificadas tres empresas: ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS, como vendedora; Monarch Security Latin America Inc., como intermediaria; y Trafigura Group, como compradora. Una cuarta firma también habría participado, aunque su nombre no ha salido a la luz. La investigación federal revisa si el envío violó sanciones estadounidenses y si el combustible salió de Colombia como diésel subsidiado de contrabando, en vez de fueloil, como se declaró oficialmente.
La advertencia que activó el expediente vino de un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que alertó a la Dian sobre la posible maniobra. A partir de ahí, la Dian, la Polfa y un funcionario de Ecopetrol entraron en el proceso, mientras el barco seguía bajo sospecha. El análisis de laboratorio del combustible, realizado en Reficar, todavía no estaba listo al cierre de la información.
El nombre de Felipe de la Vega Vergara apareció luego como posible intermediario. El bróker negó cualquier vínculo con la venta y dijo que no intermedió en esa operación ni ofreció ese producto a comprador alguno. Admitió, eso sí, que trabaja como intermediario en el sector hidrocarburífero, presentando compradores y vendedores y asesorando en logística. También rechazó haber operado con países o productos sancionados.
La trama vuelve a exhibir el costo real de la dependencia energética del régimen cubano: contratos, terceros, rutas cambiadas y operaciones que se mueven en el borde de la legalidad para sostener un aparato incapaz de garantizar combustible por sus propios medios. Mientras los involucrados insisten en que todo fue legal, la investigación de Estados Unidos revela un circuito donde Cuba aparece otra vez como destino de maniobras turbias, amparadas por intermediarios y por un sistema que vive de esquivar límites internacionales en lugar de resolver sus propios fracasos.
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