El régimen cubano quedó señalado en uno de los expedientes más graves que ha recibido en años: el Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos lo vincula con el envío de miles de cubanos a la guerra en Ucrania bajo contratos fraudulentos y con apariencia de legalidad.
La denuncia rompe el relato habitual de La Habana sobre redes sueltas o engaños aislados. Washington describió un engranaje en el que el régimen facilitó pasaportes y omitió sellos de salida para apartarse formalmente del reclutamiento, mientras más de 1,000 cubanos eran trasladados a Rusia entre junio de 2023 y febrero de 2024. El informe coloca ese mecanismo dentro de una política de Estado de trata de personas, junto a otros esquemas de explotación que el castrismo ha usado durante décadas.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, fue tajante al describir lo que ocurre en el frente. En entrevista con Martí Noticias, advirtió que los cubanos son llevados con promesas de 2,000 dólares, terminan atrapados en una guerra ajena y quedan reducidos a simple “carne de cañón para Putin”. También alertó a la población sobre el riesgo de aceptar contratos de ese tipo y sobre el costo humano que ya cargan muchas familias dentro de la isla.
Las historias que han salido a la luz muestran el tamaño del abuso. Cristina Torres contó que su hermano viajó convencido de que trabajaría en construcción, pese a no haber cumplido el servicio militar, y hoy está preso en Ucrania mientras su madre enferma, su esposa con cáncer y sus hijos esperan noticias. Otras familias han pedido al menos recuperar los cuerpos de sus muertos, pero Gutiérrez Boronat aseguró que ni siquiera los cadáveres regresan a Cuba porque para Moscú y para sus aliados cubanos esos jóvenes valen menos que una pieza descartable en el frente.
La denuncia también golpea al régimen por lo que puede hacer con los sobrevivientes. Según Gutiérrez Boronat, los reclutas que regresen con entrenamiento militar podrían ser usados luego para reprimir dentro de Cuba o en operaciones de apoyo a otros aliados del castrismo, una amenaza que recuerda la lógica de violencia estatal que La Habana ha exportado durante años. El mensaje es claro: el régimen no solo explota a los cubanos en la isla, también los manda a morir fuera y deja abierta la puerta a un uso represivo posterior.
La inclusión de este caso en el informe estadounidense abre espacio para nuevas sanciones y sube la presión internacional sobre La Habana. Para la oposición, el señalamiento confirma algo que el régimen ha intentado esconder: el castrismo sigue dependiendo de la explotación humana, ya sea en misiones, contratos falsos o envíos de jóvenes a una guerra extranjera al servicio de Putin. El silencio oficial solo agrava una acusación que ya salió del terreno mediático y entró en el plano formal de la denuncia internacional.
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