La Administración Trump cerró este viernes los programas de Reunificación Familiar para cubanos, colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos y hondureños, junto con sus familiares inmediatos. La decisión golpea de lleno una vía legal que durante años alivió la separación de miles de familias y ahora queda desmantelada por una política migratoria más dura, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional como un freno al supuesto “abuso” de los permisos humanitarios.
El comunicado oficial del DHS también pone fin a los programas de parole bajo el argumento de que se habían desviado de su propósito original. La agencia habla de un “retorno al sentido común” y de una aplicación “caso por caso”, en línea con la consigna de Estados Unidos Primero. En la práctica, Washington desmonta otra puerta de entrada que dependía de criterios administrativos y que hoy queda sometida a una revisión más restrictiva.
La medida establece que quienes mantengan parole vigente al 14 de enero de 2026 verán cancelado ese estatus en esa fecha, junto con el permiso de trabajo, salvo que tengan pendiente una solicitud I-485 para residencia permanente o ajuste de estatus. En esos casos, podrán permanecer en territorio estadounidense mientras se estudian sus trámites. El aviso también contempla notificación individual a cada extranjero afectado.
El mensaje final del gobierno estadounidense es claro: quienes no tengan base legal para seguir en Estados Unidos tras la terminación de los programas FRP deberán salir del país antes de la fecha límite de su permiso temporal. Para los cubanos, esta decisión añade otra carga a una migración ya marcada por la incertidumbre, la fragmentación familiar y la presión constante de un sistema que cambia las reglas cuando le conviene.
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