Una decena de familiares de presos políticos comenzó este sábado una huelga de hambre en Caracas para exigir la liberación de sus parientes, después de otro aplazamiento de la ley de amnistía que debía destrabar parte de las excarcelaciones anunciadas por el poder en Venezuela.
La protesta quedó instalada a la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, donde varias familias llevan más de un mes acampadas. Allí, con tapabocas y tendidas sobre el piso, las mujeres elevaron la presión con una medida extrema después de encadenarse frente al penal en días previos. La lista con los nombres de las huelguistas, escrita a mano y colocada junto a la entrada, dejó claro que ya no están dispuestas a seguir esperando respuestas que el poder mueve de una fecha a otra.
Durante la madrugada fueron excarcelados 17 detenidos de esos mismos calabozos, pero la liberación parcial no calmó a quienes siguen fuera. Entre las huelguistas está Evelin Quiaro, madre de un hombre de 30 años detenido desde noviembre de 2025 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Su testimonio resume la presión de estas familias: comió por última vez pasada la una de la mañana, admite que nunca había hecho una huelga de este tipo y sigue adelante porque, según dice, ya llevan demasiado tiempo exigiendo algo que les fue prometido.
Quiaro pidió que la salida de prisión de todos los detenidos se concrete de una vez. Esa demanda expone la forma en que el régimen venezolano administra las excarcelaciones como un mecanismo político, mientras mantiene a las familias haciendo guardia frente a una cárcel y sometidas a la incertidumbre de cada nuevo aplazamiento.
La ley de amnistía fue propuesta el 30 de enero y su discusión final se ha postergado dos veces por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación. En teoría, la norma abarcaría 27 años del chavismo y podría traducirse en libertad para cientos de detenidos, pero por ahora sigue atrapada en maniobras políticas y promesas incumplidas.
La propia secuencia de liberaciones confirma que el proceso sigue incompleto. Según la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 permanecen encarcelados. Entre los excarcelados este sábado también figura José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, preso desde noviembre sin orden judicial, de acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La escena en Caracas deja una advertencia que Cuba conoce bien: cuando un régimen convierte a los presos políticos en ficha de negociación, las familias quedan condenadas a la espera, la humillación y el desgaste físico. La huelga de hambre frente a Zona 7 muestra hasta dónde empuja el poder cuando retiene libertades a cuentagotas y obliga a los familiares a jugarse la salud para arrancar una respuesta.
La próxima sesión legislativa está prevista para el 19 de febrero. Hasta entonces, estas mujeres seguirán frente al penal con el cuerpo como única herramienta de presión contra un sistema que prolonga la cárcel mientras promete soluciones.
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