Florida volvió a poner a Raúl Castro en la mira por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. El fiscal general James Uthmeier anunció que su oficina retomará la investigación criminal por el ataque de 1996, ejecutado por cazas MiG del régimen cubano y que dejó cuatro muertos.
La reapertura tiene peso político y judicial porque revive un expediente que durante años quedó rodeado de impunidad. Uthmeier dijo que el caso merece resolución y rendición de cuentas, y subrayó que la fiscalía estatal trabaja junto al gobierno federal. En esa lógica, la investigación apunta a una orden que, según el funcionario, habría salido de Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas.
El hecho remite al 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves Cessna de Hermanos al Rescate fueron derribadas en aguas internacionales mientras realizaban vuelos de búsqueda de balseros. Murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos. Esa condición de las víctimas explica por qué Florida insiste en mantener vivo el caso: el ataque no golpeó solo al exilio cubano, también dejó muertos vinculados directamente con el estado donde hoy se mueve la investigación.
La reapertura llega después de que salieran a la luz nuevos elementos, según reportes citados por la prensa en Miami. También reaviva una línea de presión que legisladores y voces del exilio han sostenido durante años para que el expediente no quede cerrado sin consecuencias para el mando cubano que habría dado la orden.
A mediados de febrero, la senadora Ashley Moody y los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez pidieron al Departamento de Justicia que presentara cargos formales contra el exgobernante cubano. Ahora la fiscalía de Florida convierte esa presión en una ruta concreta sobre uno de los episodios más graves de violencia estatal ordenada desde La Habana contra aeronaves civiles.
Para el castrismo, el caso vuelve a exhibir una verdad incómoda: la impunidad internacional no borra un crimen cuando hay víctimas, memoria y una comunidad decidida a seguir exigiendo cuentas. Florida, que alberga la mayor comunidad cubana en Estados Unidos, mantiene así abierto uno de los frentes más sensibles contra la dictadura cubana y su historial de abuso político.
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