El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que reabrirá la investigación criminal sobre la responsabilidad de Raúl Castro en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la cadena de mando del régimen cubano y la muerte de cuatro pilotos civiles.
La decisión se apoya en nuevos detalles sobre el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando cazas de la fuerza aérea cubana abatieron dos aeronaves desarmadas sobre aguas internacionales. El episodio dejó cuatro muertos vinculados a la organización humanitaria y marcó una de las acciones más graves atribuidas al aparato militar de La Habana fuera del territorio nacional.
Uthmeier sostuvo que se trató de “una terrible tragedia” y afirmó que no cree que la autoría esté en disputa. También recordó que el caso fue cerrado durante la administración Biden y que ahora se reabre con coordinación entre las autoridades estatales y federales para perseguir responsabilidades cuando haya agravios contra ciudadanos de Florida.
En el exilio cubano, el anuncio fue recibido como una oportunidad tardía para exigir justicia. La Asamblea de la Resistencia Cubana y otras organizaciones llevan años reclamando que se reactive la investigación y que se determine si el derribo fue una operación deliberada ordenada desde los niveles más altos del poder en La Habana. Para ese sector, el caso resume el patrón de impunidad con que el régimen ha protegido durante décadas a sus mandos políticos y militares.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la ARC, celebró el movimiento y defendió que no puede haber tolerancia con una masacre de ese tipo. Su reacción refleja una demanda persistente entre los cubanos del exilio: que el crimen no quede enterrado bajo la propaganda oficial ni bajo el silencio de la burocracia judicial.
El derribo de las avionetas sigue siendo una herida abierta porque conectó la represión del régimen con una consecuencia mortal fuera de la isla. Entre las víctimas hubo tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal: Armando Alejandre Jr., Carlos A. Costa, Mario M. de la Peña y Pablo Morales. El hecho dejó claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar el poder castrista para imponer su control político y castigar a quienes lo desafiaban.
La investigación reabierta en Florida vuelve a colocar al régimen frente a una de sus páginas más oscuras. También recuerda que, mientras en Cuba no existe una justicia independiente capaz de tocar a la cúpula, otros foros siguen intentando abrir el expediente de la responsabilidad penal por un crimen que el exilio nunca dejó de denunciar.
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