Guatemala comenzó a desmontar, desde enero, la renovación de los contratos de la Brigada Médica Cubana, una decisión que golpea otro negocio político de La Habana y deja al descubierto el desgaste de un modelo exportado por el régimen durante décadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco confirmó que la medida fue comunicada por canales diplomáticos oficiales a la embajada cubana, aunque el acuerdo de cooperación en salud seguirá formalmente vigente.
La carta fechada el 6 de enero, cuya autenticidad fue confirmada por la Cancillería, fija que a partir de 2026 se avanzará en una no renovación progresiva de los servicios de los brigadistas cuando cada misión llegue a su fin. El documento deja claro que el convenio no desaparece de inmediato, pero sí pierde una de sus patas principales: la continuidad automática de los contratos que sostienen la presencia de estos profesionales en el sistema público guatemalteco.
El propio MINEX precisó que los plazos y la operación concreta quedarán en manos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que firmó el acuerdo con La Habana. La comunicación oficial dirigida al ministro Joaquín Barnoya hace referencia al acuerdo subsidiario suscrito el 14 de agosto de 2024, con vigencia hasta 2027, pero aun así establece que la renovación de los servicios de las brigadas cubanas se irá cerrando desde 2026.
La presencia de esos contingentes en Guatemala viene de lejos. Llegó en 1998, tras el huracán Mitch, con un primer grupo de 19 médicos especialistas presentado como ayuda humanitaria. Después vino la formalización del convenio en 2002 y, con ella, la consolidación de una estructura que terminó sirviendo tanto al sistema de salud guatemalteco como a la maquinaria internacional de exportación de personal del régimen cubano.
Hoy, según datos oficiales citados por Prensa Libre, unos 420 profesionales cubanos siguen colaborando con la salud pública guatemalteca, sobre todo en zonas rurales y comunidades de difícil acceso. Esa cifra refleja el peso real de la misión, pero también la dependencia que construyen estos arreglos, mientras el régimen de La Habana sigue presentando como cooperación lo que durante años ha sido un esquema de control político y beneficio económico.
La continuidad del convenio ya había sido discutida antes. En 2020, Guatemala evaluó ponerle fin y luego optó por mantenerlo. Ahora, la decisión de no renovar progresivamente los contratos abre otra señal de desgaste para un sistema que ha sido cuestionado incluso fuera de Cuba. En julio de 2025, Estados Unidos anunció restricciones de visa contra funcionarios centroamericanos que respalden las brigadas médicas cubanas, al considerar que esos programas implican trabajo forzado y favorecen a la dictadura de La Habana.
La medida guatemalteca no rompe de golpe el acuerdo, pero sí empieza a desarmar una fachada que el régimen ha usado por años para vender internacionalmente una imagen de solidaridad mientras explota a sus médicos, usa la salud como moneda política y convierte la cooperación en una extensión de su aparato exterior.
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