La misión médica cubana que operaba en Honduras desde febrero de 2024 salió del país este miércoles, después de que el gobierno hondureño decidiera no renovar el convenio con el régimen de La Habana. La retirada cerró un contrato que ya estaba agotado y dejó en evidencia otra grieta en el negocio político que Cuba ha montado alrededor de sus brigadas de salud.
Unos 168 integrantes de esa misión partieron hacia La Habana desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda, en San Pedro Sula. El embajador cubano, Juan Loforte, acudió a despedirlos y confirmó que el acuerdo había llegado a su fin. También admitió que existía la posibilidad de renovarlo, aunque finalmente no hubo conversación con el presidente Asfura.
La explicación ofrecida por Tegucigalpa fue más dura que una simple decisión administrativa. El secretario de Comunicaciones hondureño, José Argueta, dijo a AP que el convenio no fue renovado porque no cumplía “cuestiones elementales” para ser catalogado como una verdadera brigada médica. Según detalló, la ley hondureña limita ese tipo de labor a tres meses, exige que el trabajo sea gratuito y que los profesionales estén acreditados ante el Colegio Médico de Honduras, condiciones que los cubanos no cumplieron.
Ese detalle importa mucho más allá de Honduras. El régimen cubano ha vendido durante años sus misiones médicas como cooperación solidaria, pero en la práctica las ha convertido en una fuente de divisas y control sobre su personal en el extranjero. La reacción inmediata de Washington dejó claro el alcance del problema: Jeremy Lewin, subsecretario de Estado para la Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, felicitó a Honduras por “afirmar su soberanía sanitaria” y poner fin a su dependencia de las brigadas cubanas.
Lewin fue todavía más lejos al calificar esas misiones como “uno de los peores ejemplos de la trata de personas moderna”, al decir que los trabajadores son mantenidos bajo encierro en el exterior para generar ingresos para un régimen cubano en crisis. La frase resume el señalamiento más incómodo para La Habana: detrás del discurso de solidaridad hay una estructura de exportación de servicios médicos que beneficia al aparato estatal mientras somete a los profesionales a reglas opacas y a un control político evidente.
Honduras se sumó así a una lista de países que en meses recientes han cerrado la puerta a acuerdos similares con la dictadura cubana. Guatemala, Paraguay, Las Bahamas y Antigua y Barbuda también suprimieron convenios de este tipo, un patrón que debilita la narrativa oficial de la isla y le quita terreno a una de sus principales fuentes de ingresos externos.
Para Cuba, cada cancelación de estos contratos golpea una pieza sensible de su economía y expone la fragilidad de un modelo que depende de exportar profesionales como si fueran recurso estatal. Para los cubanos de a pie, el mensaje es otro: mientras el régimen presume de internacionalismo, sigue usando a sus médicos como herramienta de negocio y de propaganda fuera de la isla.
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