Human Rights Watch (HRW) colocó al gobierno de Donald Trump en el centro de una nueva degradación de los derechos humanos en América Latina, al denunciar la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en el Caribe y el Pacífico durante ataques estadounidenses contra embarcaciones señaladas por Washington como parte del trasiego de drogas.
La advertencia fue formulada por Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, durante la presentación de su informe anual en Ciudad de México. La funcionaria sostuvo que a los abusos que HRW atribuye desde hace décadas a regímenes como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela se suman ahora acciones de Estados Unidos que, lejos de contener la violencia, han terminado por normalizarla y extenderla en la región.
HRW también señaló el caso de El Salvador, donde 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel inaugurada por Nayib Bukele en 2023. Según la organización, en ese lugar pudo documentar torturas sistemáticas contra los detenidos, una práctica que retrata con crudeza el costo humano de la política de mano dura que Bukele ha vendido como éxito.
La denuncia alcanza además a Panamá y Costa Rica, dos países que, según Goebertus, retuvieron a extranjeros deportados por Estados Unidos sin justificación alguna. HRW afirmó que esa conducta refleja una influencia indudablemente negativa de Washington en la región y deja un saldo político muy desfavorable en materia de garantías fundamentales.
El informe también carga contra el recorte de la ayuda internacional estadounidense a través de USAID, al que la organización atribuye un impacto supremamente grave en América Latina y el Caribe. A juicio de HRW, ese debilitamiento ha abierto espacio para que varios gobiernos aprovechen la caída de las oenegé y aprueben leyes para cerrar organizaciones de derechos humanos, como ocurre en Ecuador y Perú.
La radiografía regional que deja el documento es dura. HRW acusa a Bukele de detenciones arbitrarias y masivas, tortura y desaparición forzada. En Ecuador, la organización dice que 2025 cerró con una tasa récord de homicidios y con abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En México, la alerta se concentró en la erosión de los contrapesos institucionales tras la reforma constitucional que llevó la elección popular de jueces a un terreno vulnerable a las presiones políticas y electorales.
La advertencia final de HRW es clara: la deriva autoritaria en América Latina ya no se limita a los viejos regímenes de partido único y represión abierta. También crece bajo gobiernos que, en nombre de la seguridad, la migración o el control institucional, terminan debilitando la justicia, castigando a los indefensos y normalizando el abuso como método de poder.
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