El régimen cubano cruzó en septiembre otra línea vergonzosa en su guerra contra la libertad de expresión. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP) registró 85 violaciones durante ese mes, con lo que el acumulado de 2025 pasó de las 1.000 agresiones documentadas.
La organización cifró en 1.005 las violaciones acumuladas hasta septiembre y ubicó este año entre los más represivos del último trienio. La cifra confirma un patrón de hostigamiento sostenido contra periodistas, activistas y ciudadanos que intentan hablar fuera del guion oficial que impone el poder.
El informe también mostró un aumento del 125 % respecto a agosto. En septiembre, el sistema judicial apareció vinculado a 24 violaciones, para un 28,2 % del total; la Seguridad del Estado concentró el 36,5 % de los hechos y la Policía Nacional Revolucionaria aportó otro 20 %. Los números dibujan una maquinaria represiva repartida entre tribunales, policías y órganos de espionaje interno.
ICLEP señaló además al monopolio estatal ETECSA por censura y vigilancia digital. El control ya no se limita a la calle ni al expediente policial: se extiende a la comunicación privada, a los teléfonos y a los espacios donde aún sobreviven voces dispuestas a denunciar.
La Habana encabezó la lista de territorios con más hechos represivos, con el 43,5 % de los casos. Detrás quedaron Granma con 15, Las Tunas con 11 y Villa Clara con 7. Ese reparto confirma que la represión forma parte de una política nacional de control, extendida y metódica, no de episodios aislados.
El observatorio también documentó dos violaciones cometidas contra cubanos en el exterior. Una estuvo ligada al perfil falso conocido como “Guerrero Cubano”, asociado a la Seguridad del Estado, que lanzó amenazas contra el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, y contra Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana y exiliado en Estados Unidos.
Además, el ICLEP registró la detención de menores de edad, incluida una adolescente embarazada de 16 años, por participar en una manifestación en Las Tunas. Ese hecho resume la brutalidad del régimen, que castiga la protesta, arrastra a adolescentes y convierte la disidencia en un delito perseguido sin pudor.
Si la tendencia se mantiene, la organización estima que 2025 podría cerrar con más de 1.200 violaciones. El pronóstico encaja con una realidad que Cuba conoce demasiado bien: un aparato de poder que necesita censura, miedo y castigo para sostenerse frente a la verdad.
Sé el primero en comentar