Un incendio de gran magnitud en la refinería Ñico López, en La Habana, volvió a exhibir la fragilidad del sistema energético cubano este viernes, con una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la capital. El fuego comenzó en un almacén de la instalación y obligó a desplegar a los equipos de emergencia, mientras las autoridades dijeron que quedó controlado poco después, sin precisar la causa ni reportar heridos o muertos.
El siniestro golpea una infraestructura clave en un país que ya vive al borde del apagón permanente. La refinería Ñico López es una de las tres existentes en Cuba y opera en un entorno cercano a zonas densamente pobladas, con problemas técnicos acumulados y un impacto ambiental que arrastra desde hace años sobre la bahía habanera. Que una instalación de ese peso vuelva a incendiarse confirma el nivel de deterioro que el régimen ha permitido en un sector estratégico para la vida diaria y para la economía nacional.
La emergencia llega en medio de una crisis energética que se ha endurecido desde mediados de 2024. A las limitaciones internas se sumaron desde enero las restricciones energéticas impulsadas por Estados Unidos, que cortaron los envíos de petróleo venezolano y amenazaron con aranceles a otros países que abastezcan combustible a la isla. El resultado ha sido más escasez de divisas, menos importación de carburantes y la ausencia reciente de buques petroleros internacionales, según expertos en transporte marítimo.
La consecuencia sobre la población es inmediata y conocida: más recortes de horario en escuelas y universidades, menos transporte público, jornadas laborales reducidas y ventas de combustible limitadas. Los hospitales también han tenido que recortar personal por falta de recursos. En un país donde la electricidad sostiene lo básico, cada avería en este sector empuja a más cubanos a la impotencia cotidiana, al retraso y al desorden social que provoca el colapso económico.
El incendio también reaviva el recuerdo del desastre de la base de supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022, el mayor accidente industrial reciente en Cuba, con 17 muertos y cuatro tanques destruidos. Aunque este episodio no alcanzó esa magnitud, vuelve a dejar en evidencia la vulnerabilidad de unas instalaciones envejecidas y mal sostenidas por un aparato estatal que ha mantenido el control total del sistema eléctrico desde 1959 sin resolver su deterioro de fondo.
La Unión Eléctrica anticipó para este viernes apagones simultáneos en toda la isla, con una afectación máxima estimada del 57 % de la población en el horario de mayor demanda. La empresa estatal calculó una generación de 1.361 megavatios frente a una demanda de 3.100, un déficit de 1.739 megavatios que obliga a desconexiones programadas de hasta 1.769. La cifra resume mejor que cualquier discurso la distancia entre la propaganda oficial y la realidad que soportan los cubanos.
Expertos independientes atribuyen la crisis a una infrafinanciación crónica del sector eléctrico. Estimaciones no oficiales calculan que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para rehabilitar la infraestructura y recuperar estabilidad. El régimen insiste en culpar a las sanciones de Washington y habla de “asfixia energética”, pero el desastre acumulado también responde a décadas de abandono, centralización y mala gestión sobre un sistema que nunca dejó de ser botín político del Estado.
La economía nacional ya acusa el golpe. Los apagones prolongados frenan la producción, rompen rutinas familiares y han sido el detonante de las protestas sociales más significativas de los últimos años en la isla. Cada incendio, cada avería y cada corte programado apuntan a lo mismo: un país donde la energía dejó de ser garantía y se convirtió en otra prueba del fracaso del régimen.
Sé el primero en comentar