Islandia pidió a la Corte Internacional de Justicia que le permita sumarse al caso abierto por Sudáfrica contra Israel por la ofensiva militar en Gaza, una movida que amplía la presión internacional sobre un conflicto que ha dejado una situación humanitaria catastrófica para la población civil palestina.
El Gobierno islandés invocó el artículo 63 del Estatuto de la Corte, que abre la puerta a que otros Estados intervengan en procesos donde se discute la interpretación de un tratado internacional. En este caso, la referencia es la Convención contra el Genocidio, el mismo marco legal que Sudáfrica usó para llevar a Israel ante el tribunal de La Haya.
Reykjavik dejó clara su posición con un comunicado en el que condenó de forma inequívoca el ataque de Hamás del 7 de octubre y, al mismo tiempo, denunció el daño devastador provocado a los civiles de Gaza. Esa doble condena coloca el foco donde debe estar: en la obligación de los Estados de responder por sus actos ante el derecho internacional, también cuando la guerra se vende como una licencia para arrasar una población atrapada.
La decisión islandesa se inscribe en la política del actual gobierno de centroizquierda y recoge una resolución unánime aprobada por el Parlamento en noviembre de 2023, donde se insistió en el cumplimiento de la ley internacional y en la investigación de todas las violaciones cometidas por las partes. La ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, defendió que participar en el caso significa usar la voz del país en apoyo de la legislación internacional y de los derechos humanos.
La lista de países que ya han pedido entrar en la demanda —entre ellos Bélgica, España, México, Colombia, Chile, Bolivia, Cuba, Libia y el Estado de Palestina— muestra que el expediente contra Israel dejó de ser un trámite jurídico aislado para convertirse en una respuesta política más amplia frente a la devastación en Gaza. En ese tablero, Islandia se suma a quienes empujan al tribunal a pronunciarse sobre la conducta del Estado israelí y sobre el alcance real de la Convención contra el Genocidio.
Para Cuba, la noticia también tiene lectura propia. El régimen vuelve a alinearse con una causa internacional que le sirve en el discurso, mientras dentro de la isla mantiene intacto su aparato de control, su censura y su desprecio por las libertades básicas. El doble rasero es evidente: en el exterior se ampara en banderas de derechos humanos; en casa sostiene un sistema que niega esos mismos derechos a los cubanos.
Islandia, en cambio, optó por mover ficha en el terreno jurídico y político de La Haya. Su solicitud añade peso a un caso que ya expone la distancia entre el lenguaje de la comunidad internacional y la realidad brutal de Gaza, donde la población civil sigue pagando el precio principal de una guerra que arrasa con todo.
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