La prisión camagüeyana de Kilo 8 mantiene retenido un medicamento recetado al preso político Jimmy Johnson Agosto, mientras sus ataques de pánico empeoran y el penal le niega el tratamiento que un psiquiatra civil le indicó para dos semanas. La denuncia, hecha por teléfono desde la propia cárcel, vuelve a poner bajo la lupa el maltrato médico dentro del sistema penitenciario cubano.
Johnson Agosto explicó que el especialista externo Lázaro lo evaluó en una consulta realizada hace alrededor de un mes y medio y le prescribió Clorazepam para controlar ansiedad, pánico y otros trastornos psiquiátricos que, según él, comenzaron después del encierro y de las torturas psicológicas sufridas en cautiverio. El fármaco fue conseguido por sus familiares y entregado en la prisión al capitán Raidel para que se lo hiciera llegar, pero hasta la denuncia seguía sin recibirlo.
Cuando reclamó en el puesto médico el lunes 2 de marzo, la enfermera Katerine le respondió que no podían dárselo hasta que el psiquiatra lo examinara otra vez, porque el tratamiento estaba pautado por dos semanas y ya había pasado más de un mes. El propio preso advirtió que es muy poco probable que ese médico vuelva al penal en el corto plazo, lo que deja su salud mental a merced de una burocracia carcelaria que juega con la urgencia ajena.
Mientras la administración penitenciaria se escuda en excusas, el recluso asegura que los ataques de pánico se han vuelto más frecuentes y que ya sufre dos por semana. Describió episodios con falta de aire, dolor en el pecho y calambres en el brazo izquierdo, síntomas que en cualquier otro contexto activarían una respuesta médica inmediata. En Kilo 8, en cambio, le ofrecieron Paracetamol durante una de esas crisis, una muestra más de la precariedad y la indiferencia con que el régimen trata a los presos políticos.
Jimmy Johnson Agosto, vecino del reparto La Gloria en Nuevitas, cumple una condena de 13 años por un supuesto delito de sabotaje. Fue enviado a prisión en agosto de 2022 tras apedrear en la noche las oficinas de la Unión Eléctrica de su municipio, en protesta por un apagón que se extendía desde hacía más de dos días. Su caso retrata con crudeza cómo el aparato represivo castiga la protesta y luego desatiende la salud de quienes mantiene encerrados.
El trasfondo es el de siempre: un sistema penitenciario sin garantías, donde el castigo político se mezcla con el abandono médico y la vida del preso queda en manos de funcionarios, capitanes y enfermeras que responden al control del régimen, no al deber elemental de cuidar a un ser humano.
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