Aniette González García salió de prisión este sábado después de cumplir una condena de tres años por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios. El régimen la castigó por una foto con la bandera cubana y convirtió un gesto cívico en causa penal.
La detención ocurrió el 23 de marzo de 2023 en Camagüey, después de que publicara en redes sociales imágenes en las que aparecía envuelta en la enseña nacional. Aquella acción formó parte de una iniciativa del Movimiento San Isidro para reclamar la bandera como símbolo de todos los cubanos. La respuesta del poder fue el expediente, la presión policial y el castigo ejemplarizante.
Durante meses, la familia denunció la detención arbitraria y el hostigamiento dentro de la prisión de Villa María Luisa, señalada como centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey. El caso siguió su curso bajo la maquinaria represiva del régimen, sin señales de rectificación ni de justicia.
En febrero de 2024, un tribunal municipal la sentenció a tres años de cárcel. La apelación fue rechazada en abril de ese mismo año. Su hija, Aniette Ginestá, resumió la indignación familiar con una frase que dejó al desnudo la arbitrariedad del proceso: “Por pensar diferente, por una foto, por una bandera”.
Durante la condena, organizaciones feministas, artistas y activistas dentro y fuera de Cuba reclamaron su libertad. La revista Alas Tensas calificó la sentencia como una represalia política y la vinculó con el castigo a la solidaridad ciudadana hacia Luis Manuel Otero Alcántara, preso por motivos similares. El mensaje del régimen quedó claro desde el inicio: fuera del control oficial, hasta la bandera puede volverse un pretexto para encerrar a una persona.
Mientras figuras afines al oficialismo e incluso artistas internacionales han usado la bandera en espacios públicos sin enfrentar consecuencias, Aniette pagó con tres años de prisión. Esa doble vara desnuda el uso político de los símbolos patrios, administrados por el régimen como herramienta de exclusión y disciplina ideológica.
Su liberación no borra la condena injusta ni el daño causado a su familia. Tampoco limpia el expediente de un país donde una imagen, una bandera y una idea siguen bastando para llevar a una mujer a la cárcel.
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