El activista venezolano Javier Tarazona salió este fin de semana de El Helicoide después de pasar más de cuatro años preso en una de las cárceles más señaladas por la represión del régimen de Caracas. A su salida, el directivo de FundaRedes se sumó a familiares de otros presos políticos que mantenían una vigilia para exigir la libertad de quienes siguen encerrados por razones políticas.
Su excarcelación llega apenas dos días después del anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre el cierre de El Helicoide como centro de reclusión. El movimiento confirma la presión creciente sobre un aparato carcelario convertido durante años en instrumento de castigo, intimidación y silencio contra la disidencia.
Tarazona había denunciado de forma reiterada la presencia del ELN y las FACR en Apure y Táchira, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Por esas denuncias fue arrestado en julio de 2021 y desde entonces permaneció sometido a un encierro que él mismo describió como un cautiverio marcado por la incertidumbre y por el acoso extendido a su familia.
Al hablar con la prensa, el activista resumió el peso de esos años con una frase que retrata el daño humano de la represión: dijo que la libertad de uno se convierte en la esperanza de todos. También confesó el dolor de no poder ver crecer a su hijo, ejercer su carrera y acompañar el envejecimiento de su madre, mientras en la televisión estatal veía repetidas las denuncias que lo llevaron a prisión.
Su caso fue denunciado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, que señalaron tanto la reclusión por motivos políticos como las condiciones indignas en las que estuvo encerrado. En el fondo, el expediente de Tarazona vuelve a mostrar el mismo patrón: el régimen castiga a quien denuncia lo que ocurre en sus fronteras y luego intenta presentar la represión como legalidad.
La jornada también dejó otro episodio que expone la brutalidad del sistema. En redes sociales circuló el video de la llegada a su casa de Oscar Castañeda, arrestado en 2024 tras participar en un mitin político y recluido desde entonces en El Helicoide. Las imágenes mostraban a un hombre con serias dificultades para caminar, orientarse y hasta reconocer a su hija.
Mientras tanto, grupos activistas en Caracas denunciaron el acoso de motorizados vinculados a colectivos contra los familiares que protestan en vigilias. Este domingo, en 13 estados de Venezuela, se realizaron manifestaciones pacíficas en iglesias por parte de allegados a personas arrestadas por persecución política. El Foro Penal informó la excarcelación de 344 presos por estas circunstancias desde el pasado 3 de enero.
El caso Tarazona deja al desnudo una verdad incómoda para cualquier régimen que se diga legítimo: cuando la cárcel se usa para castigar la denuncia, el poder deja de gobernar y empieza a reprimir.
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