El preso político Marcos de la Luz Caballero Granados denunció que la Mesa Redonda y otros medios estatales cubanos vuelven a usar su imagen para alimentar campañas de descrédito contra jóvenes que, como él, se han enfrentado al régimen. La queja salió a la luz tras una llamada telefónica hecha el viernes 27 de febrero de 2026, desde su encierro en el Centro de Jóvenes Los Caneyes, en Santa Clara.
La denuncia retrata una práctica vieja del aparato propagandístico castrista: tomar la imagen de un recluso político, sacarla de contexto y ponerla al servicio de una narrativa oficial que intenta convertir a las víctimas en delincuentes útiles para la televisión del poder. Caballero Granados aseguró que esa manipulación se repite y que su caso ya había sido expuesto antes en espacios controlados por la propaganda estatal.
En 2023, según recordó, el programa Hacemos Cuba utilizó su caso con la participación de autoridades de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. También apareció un oficial de la Seguridad del Estado que sostuvo que su declaración había sido espontánea. El preso político respondió que fue amenazado y que, si se negaba a declarar, le sumarían otros delitos que tampoco había cometido. Dijo además que aquella grabación fue usada sin su consentimiento.
Ese punto importa porque desmonta la fachada de legalidad que el régimen intenta vender cada vez que exhibe a un preso político en pantalla. Lo que presenta como procedimiento normal termina mostrando presión, chantaje y uso político de la confesión forzada. La televisión oficial no informa: fabrica culpabilidad, justifica la represión y convierte el castigo en espectáculo.
Caballero Granados fue condenado a diez años de privación de libertad por escribir carteles en los que reclamaba “Leche para los niños”. Las autoridades le imputaron “propaganda enemiga con carácter continuado” y “desacato con carácter continuado”. Su arresto ocurrió el 11 de febrero de 2020, cuando todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Hoy sigue preso en una instalación de trabajos forzados, lejos de su Habana Vieja natal y bajo el control del sistema penitenciario del régimen.
La nueva denuncia también apunta al lenguaje con que los medios oficiales vuelven sobre su caso. El joven reprochó que lo llamen terrorista para imponer ante la comunidad internacional la idea de que quienes reclaman libertad serían “terroristas financiados”. Esa etiqueta, usada desde los aparatos de propaganda y seguridad, forma parte del mismo mecanismo de criminalización que persigue a los opositores desde la cárcel hasta la pantalla.
Caballero Granados pidió que su voz llegue a las organizaciones de derechos humanos y reclamó el fin del acoso contra los presos políticos que cumplen sanción en las cárceles cubanas. Su testimonio deja al desnudo una realidad que el régimen insiste en maquillar: detrás de cada transmisión oficial hay presos sometidos, expedientes torcidos y una maquinaria estatal empeñada en borrar la dignidad de quienes se enfrentan al poder.
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