El congresista demócrata Jim McGovern presentó en la Cámara de Representantes un proyecto para derogar la base legal del embargo de Estados Unidos contra Cuba, mientras la administración Trump endurece de nuevo la presión sobre el sector energético de la isla. La jugada abre otra pulseada en Washington sobre cómo enfrentar al régimen de La Habana sin regalarle oxígeno político ni dejar desprotegida la presión que durante años ha buscado forzar cambios reales.
La propuesta, registrada como H.R. 7521 y llamada Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba, busca desmontar o modificar leyes que limitan el comercio, los viajes, las telecomunicaciones y otros intercambios entre ambos países. En el Senado también se movió una iniciativa similar, impulsada por Ron Wyden y Jeff Merkley, lo que confirma que el debate sobre Cuba vuelve a dividir al Congreso estadounidense en plena ofensiva de la Casa Blanca contra la dictadura.
McGovern, que además ocupa un puesto de peso en el Comité de Reglas y copreside la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, repitió el argumento que Washington escucha desde hace décadas: el embargo “ha fracasado”. Su tesis apuesta por la diplomacia y el compromiso bilateral como salida. Pero el otro lado del debate sostiene algo que en la realidad cubana pesa más que cualquier consigna: levantar sanciones sin cambios políticos internos solo le quita presión al régimen y le deja más margen para seguir administrando la miseria, el control y la escasez como método de poder.
El contexto no puede ignorarse. La Casa Blanca acaba de sumar medidas sobre el petróleo cubano y ha defendido esa línea como parte de una estrategia para castigar la represión y exigir reformas democráticas. En ese tablero, la iniciativa de McGovern aparece como una señal de choque dentro de la política estadounidense hacia la isla, justo cuando el castrismo necesita menos presión externa y más divisas para sostener su aparato.
La discusión en el Capitolio también vuelve a poner sobre la mesa el problema de fondo: el régimen intenta convertir cada alivio económico en una tabla de salvación para sí mismo, sin mover una coma en su modelo de control político. Por eso las advertencias de los republicanos de Florida contra licencias comerciales que benefician a entidades estatales cubanas encajan con esa lectura. Para ellos, el negocio con la dictadura termina reforzando al mismo aparato que reprime, censura y bloquea cualquier salida libre para los cubanos.
En esa misma línea, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez reclamaron revisar y revocar permisos de exportación por más de 100 millones de dólares. Y Giménez, en un artículo publicado en Fox News, aseguró que el régimen vive su mayor fragilidad en décadas y se acerca a su “momento del Muro de Berlín”. Con ese trasfondo, el proyecto de McGovern no solo abre una disputa legislativa: reaviva la vieja tensión entre premiar al castrismo con alivio económico o mantener la presión sobre una dictadura que no ha dado señales serias de cambio.
Jim McGovern presentó en la Cámara un proyecto para eliminar la base legal del embargo a Cuba, en medio de nuevas presiones de Trump y divisiones en Washington.[18][
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