Dos buques de la Armada mexicana atracaron este sábado en la bahía de La Habana con un segundo envío de ayuda humanitaria para Cuba, compuesto por 1.200 toneladas de alimentos. La carga llegó en medio de una crisis que el propio texto vincula con el asedio petrolero de Estados Unidos y que vuelve a dejar al descubierto la dependencia externa del régimen para sostener la mesa de los cubanos.
Los barcos Papaloapan y Huasteco, que salieron de Veracruz el martes, entraron a la capital con apoyo técnico local y repitieron una operación parecida a la del primer cargamento. El contenido tampoco deja espacio a dudas: 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo en el primer buque, 92 toneladas de frijol y otras 23 de alimentos varios en el segundo. Todo fue reunido por organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.
La escena importa porque confirma hasta dónde ha llegado el derrumbe interno. Cuba sigue atrapada en una crisis alimentaria que no logra resolver por sus propios medios y que obliga a exhibir como salvación lo que llega de fuera. El régimen agradece en redes, pero evita abrir la recepción al público, igual que ocurrió con el primer envío. En un país donde hasta la ayuda se administra con opacidad, la falta de transparencia también dice mucho sobre el control político que rodea cada gesto “solidario”.
La cancillería mexicana ya había anunciado el segundo paquete el martes, después de otro envío previo de más de 814 toneladas de víveres y productos de higiene. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que su gobierno mantendrá el apoyo alimentario a la isla, sin incluir petróleo, frente al bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a quienes suministren crudo a Cuba. México presenta la carga como parte de una tradición de solidaridad regional, pero la necesidad de repetir estos envíos retrata la magnitud del fracaso económico del castrismo.
La ayuda mexicana alivia de forma momentánea, pero no resuelve la raíz del problema. La economía cubana sigue asfixiada por la mala administración, el control estatal y la dependencia de apoyos externos que el régimen convierte en propaganda mientras la población sigue pagando la escasez. Que la entrega no se haga pública, además, refuerza la imagen de un poder que maneja hasta la caridad como asunto de aparato.
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