El principal fiscal federal en Miami analiza abrir investigaciones penales contra funcionarios del régimen cubano, en una movida que se cruza con la nueva ofensiva de Donald Trump y con su idea de una “toma amistosa” de la isla. El caso vuelve a colocar a Cuba en el centro de la presión judicial y política de Washington, justo cuando la capital del exilio empuja para que no quede impune el historial de abusos del castrismo.
Jason Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, organizó un grupo de trabajo con fiscales y agentes de la DEA y otras agencias para construir posibles casos contra personas vinculadas al régimen y al Partido Comunista, según una de las fuentes citadas. No se ha precisado todavía a qué funcionarios apuntan ni qué delitos podrían imputarles, pero el simple hecho de que la Fiscalía de Miami se active en esa dirección confirma que la presión sobre La Habana ya no se limita al discurso político.
El anuncio coincide con la línea cada vez más agresiva de Trump contra la cúpula comunista cubana. El presidente ha repetido que su gobierno mantiene conversaciones de alto nivel con funcionarios en La Habana para buscar una “toma amistosa” del país, una expresión que resume bien el momento de máxima vulnerabilidad del régimen y también el interés de la administración republicana en marcar distancia con cualquier tregua blanda frente a la dictadura.
Miami conserva un peso especial en este tablero. La ciudad sigue siendo el centro político, económico y cultural del exilio cubanoamericano, y desde allí la persecución judicial contra figuras del castrismo tiene una carga simbólica que en Washington se entiende muy bien. La oficina del FBI en esa jurisdicción ya tiene un grupo dedicado a Cuba, y ese aparato fue decisivo en el arresto del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha por actuar como agente secreto de Cuba durante décadas.
La presión también viene de legisladores republicanos de Florida, que en las últimas semanas han reclamado reabrir la investigación sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. En una carta enviada a Trump, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y otros congresistas aseguraron que Raúl Castro, entonces jefe del ejército cubano, dio la orden de disparar contra el Cessna desarmado. “Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz”, escribieron. La frase resume una demanda que el exilio ha sostenido durante años: que el aparato de poder de la isla responda por sus crímenes, dentro o fuera de Cuba.
Mientras tanto, el fiscal general de Florida anunció esta semana que abrirá una investigación estatal sobre ese mismo caso. La suma de movimientos en Miami y Tallahassee deja claro que la impunidad del castrismo sigue encontrando resistencia en el sur de la Florida, donde el daño político y humano de la dictadura cubana sigue presente en familias, exiliados y víctimas que nunca dejaron de reclamar justicia.
La administración Trump también ha acusado a Cuba de no cooperar en materia antiterrorista y la mantiene en una lista reducida de países que Washington considera patrocinadores del terrorismo, junto a Corea del Norte e Irán. Esa designación se apoya en que el régimen da refugio a fugitivos estadounidenses y se ha negado a extraditar a varios líderes rebeldes colombianos. En conjunto, el cuadro vuelve a mostrar a un régimen aislado, protegido por décadas de propaganda y complicidades, pero cada vez más expuesto a la presión judicial de Estados Unidos.
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