El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, cerró filas ante la demanda presentada por una de las empresas afectadas por la revocación de licencias comerciales. Su postura fue tajante: la presión judicial no va a frenar la aplicación de la ley ni la revisión de negocios señalados por operaciones vinculadas al régimen cubano.
En un comunicado fechado el 27 de diciembre, Fernández defendió que su oficina actúa dentro del marco que le fija la legislación estatal. Aseguró que su responsabilidad es hacer cumplir la ley y proteger la seguridad, la confianza y el bienestar de los residentes del condado, una formulación que deja claro que Miami-Dade no piensa convertirse en refugio para negocios que muevan dinero hacia La Habana con cobertura administrativa dudosa.
El funcionario citó estatutos de Florida que autorizan a su oficina a intervenir cuando existan preocupaciones legítimas sobre compañías que operen en conexión con la dictadura cubana, sobre todo si esas actividades implican comercio sin la debida autorización federal. Bajo ese criterio, explicó, el condado puede revocar el Recibo de Impuesto Comercial Local hasta que la empresa demuestre que cumple todos los requisitos legales y administrativos para seguir operando.
Fernández confirmó además que una de las compañías afectadas llevó el caso a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Aun así, sostuvo que la ofensiva legal no modifica la actuación de su oficina y que las medidas seguirán ejecutándose con firmeza y dentro de los procedimientos establecidos. En otras palabras, el litigio avanza, pero el condado no cede.
El recaudador también enmarcó estas decisiones en un deber más amplio de seguridad nacional. Según dijo, Miami-Dade no permitirá que su territorio sea usado, de forma directa o indirecta, para beneficiar o apoyar al Gobierno cubano. Ese mensaje golpea una realidad conocida en el sur de Florida: durante años, una red de empresas ha intentado operar entre permisos, intermediarios y zonas grises mientras el régimen de la isla sigue ahogado en privilegios y escasez para el cubano de a pie.
Las declaraciones llegan después de que el condado revocara las licencias comerciales a 20 negocios que, según las autoridades, no pudieron acreditar permisos federales válidos para operar con entidades cubanas. Antes de esa medida, decenas de empresas habían sido notificadas y puestas ante la obligación de presentar documentación para demostrar que cumplían la normativa aplicable.
Entre las entidades a las que se les revocó el Impuesto Local de Negocios figuran Havana Sky Travel Inc., AMZ Immigration and Multi-Services Corp., Global Cargo Corp., Globi Multiservices Inc., Managua Travel Agency Inc., BM Envios Cargo Corp., R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC, Leafy Holidays Inc., JM Services LLC, Yumury Envios & Travel LLC, Lucero Services Corp., OMD Multiservices LLC, JC Montoya Services Inc., Latin Logistics LLC, Capote Express Inc., Pocho Express LLC, Xcellence Travel Inc., Via Blanca Multiservice Inc., Tu Cuba Multiservices Corp. y Xael Charters Inc.
El Impuesto Local de Negocios es el documento que permite operar legalmente en Miami-Dade y que administra la oficina del recaudador. Su revocación deja a esos negocios sin respaldo para seguir funcionando dentro del condado, mientras la discusión judicial sigue su curso y las autoridades mantienen la revisión administrativa de los casos.
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