El Ministerio de Comercio Interior salió a negar que las donaciones recibidas por Cuba se comercialicen, justo cuando crece la polémica por un reportaje de TV Azteca que mostró productos enviados como ayuda humanitaria en tiendas estatales que venden en dólares.
La directora general de Venta de Mercancías del MINCIN, Marpessa Portal Devilliers, aseguró en Canal Caribe que esos recursos tienen un destino definido y que existen controles “estrictos” para impedir que se desvíen. Pero su propia explicación dejó ver otra realidad: el régimen sigue dependiendo de una red de registros, libreta de abastecimiento y vigilancia ciudadana para tratar de sostener una distribución que la crisis económica ha vuelto precaria y opaca.
Portal Devilliers insistió en que las donaciones “no pueden ser comercializadas” y dijo que cada entrega queda registrada en los establecimientos y también en la libreta de abastecimiento, presentada otra vez como herramienta central para controlar tanto la ayuda como la canasta básica. En un país donde la escasez es cotidiana, ese mecanismo no resuelve el problema de fondo: solo administra la carencia y deja al Estado como árbitro absoluto de lo poco que entra.
La funcionaria también apeló al “control popular” y a la denuncia ciudadana ante cualquier irregularidad, una fórmula que traslada a la población la carga de vigilar un sistema que el propio régimen debería garantizar. En la práctica, esa vigilancia sirve para tapar las fallas de un aparato de distribución que no da transparencia ni confianza.
La controversia estalló después de que TV Azteca documentara con cámaras la presencia de productos enviados desde México como ayuda humanitaria en tiendas TRD Caribe, vinculadas al sistema empresarial militar, con precios en dólares. El reportaje mostró, entre otros casos, el llamado “frijol del bienestar” vendido a 2.97 dólares por medio kilogramo o hasta 43 dólares por sacos de 30 kilos.
El medio mexicano afirmó que sus imágenes fueron tomadas en el terreno y que varios residentes dijeron no haber recibido esos alimentos por las bodegas. Según esos testimonios, tras la llegada de barcos con ayuda a la isla, algunas tiendas que estaban casi vacías comenzaron a vender productos de origen mexicano. La denuncia golpea una de las áreas más sensibles del modelo cubano: la forma en que el régimen mezcla asistencia, comercio en divisas y escasez para sostener su control económico.
Desde México, el embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez rechazó las acusaciones y las atribuyó a “mentiras y desinformación”. Sostuvo que lo mostrado por el canal correspondía a importaciones comerciales y no a donaciones. TV Azteca respondió defendiendo su investigación y afirmó que documentó “con cámaras lo que la gente vive”, con una frase que resume el contraste entre la propaganda oficial y la miseria cotidiana de la isla.
Portal Devilliers admitió además que las donaciones no alcanzan para toda la población y calculó que para entregar apenas una libra de cualquier producto a cada cubano harían falta más de 4,500 toneladas. Ese reconocimiento confirma la magnitud del desabastecimiento y la incapacidad del régimen para cubrir necesidades básicas sin depender de ayuda externa.
La funcionaria dijo que los alimentos se priorizan para embarazadas, niños con bajo peso y personas en situación de vulnerabilidad. Entre los productos en distribución mencionó frijoles enviados por México, leche en polvo para niños de uno a seis años y arroz entregado con apoyo del Programa Mundial de Alimentos en varias provincias.
El MINCIN agradeció a los países y organizaciones que han enviado ayuda, mientras insistía en que todo se reparte gratuitamente. Sin embargo, la polémica dejó expuesto un problema mayor: en Cuba, hasta la solidaridad internacional termina atrapada en una estructura estatal que acumula sospechas, vende en dólares lo que entra al país y obliga a la gente a desconfiar hasta de la donación más básica.
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