El preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez, manifestante del 11J y sentenciado a 12 años de cárcel por sedición, murió este fin de semana en la Isla a los 27 años, pocos días después de ser excarcelado bajo licencia extrapenal por una isquemia. Su muerte vuelve a dejar al desnudo el costo humano de la represión carcelaria del régimen.
La ONG Prisoners Defenders confirmó el fallecimiento y denunció que la salida de prisión llegó solo cuando el joven ya estaba gravemente deteriorado. Según esa organización, Oña Jiménez padecía VIH/SIDA y sufrió una isquemia en la prisión de Panamá, en Güines, que lo dejó sin poder mover la boca, las manos ni los pies. Tras ser desahuciado en el hospital, lo enviaron a su casa, donde murió tres días después.
El caso encaja con una práctica repetida del aparato represivo cubano: sacar de prisión a los reclusos cuando su estado ya es crítico, para evitar que la muerte ocurra formalmente bajo custodia. Esa maniobra no borra la responsabilidad del régimen en el deterioro previo ni en las condiciones que empujan a tantos presos políticos a una salida tardía y humillante.
Prisoners Defenders lo dijo con claridad al describir esa excarcelación como una fórmula usada por el régimen para liberar a los presos gravemente enfermos cuando ya no hay esperanza. La activista Avana de la Torre también responsabilizó a la dictadura castrista y señaló que la muerte de Oña Jiménez fue consecuencia directa de un sistema penitenciario cruel, negligente y represivo, que castiga, abandona y deja morir a quienes se atreven a exigir libertad.
La madre del joven, según recogió la organización, quedó rota por la pérdida y se preguntó por qué su hijo murió bajo esas circunstancias. Esa escena resume lo que el castrismo produce dentro de sus cárceles: familias destruidas, jóvenes arrancados de la vida pública y una política penitenciaria que castiga la disidencia con encierro, deterioro físico y, en demasiados casos, muerte anticipada.
El hecho llega además en un momento en que la lista de presos políticos en Cuba sigue creciendo. Prisoners Defenders informó que en enero de 2026 el número ascendió a 1.207, tras verificar 18 nuevos casos, un dato que confirma la represión horizontal y masiva sobre la población, la vigilancia constante y las detenciones por publicar críticas en redes o participar en manifestaciones pacíficas. La muerte de Luis Miguel Oña Jiménez se suma a esa cuenta amarga y expone, una vez más, el precio que paga Cuba por vivir bajo un régimen que convierte la cárcel en castigo político y el abandono en método de control.
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