Edison Torres Fernández murió bajo custodia del régimen venezolano mientras avanzaba, a cuentagotas, la liberación de presos políticos en ese país. Tenía 52 años, era expolicía del estado Portuguesa y llevaba más de dos décadas de servicio cuando fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por motivos políticos, acusado de traición a la patria y asociación para delinquir.
La muerte ocurrió en la Zona 7 de la Policía Nacional, en Boleita, estado Miranda, según denunció la cuenta Realidad Helicoide. La misma publicación sostuvo que el detenido fue privado de libertad por razones políticas y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos. El hecho volvió a colocar sobre la mesa el costo humano de unas detenciones que el chavismo administra con opacidad, mientras reparte excarcelaciones parciales para maquillar la presión interna y externa.
Después de que trascendiera la noticia, la Fiscalía venezolana respondió con su versión: dijo que Torres Fernández murió el sábado tras una “descompensación súbita”. Según ese comunicado, fue trasladado “de manera inmediata” a un centro asistencial, llegó con signos vitales y recibió atención médica, pero sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco. La explicación oficial llegó tarde y sin disipar el peso político de una muerte ocurrida bajo custodia estatal.
Vente Venezuela rechazó esa narrativa y afirmó que la muerte “no es fortuita ni accidental”. La organización la calificó como un crimen del régimen y recordó que ya son ocho los presos que han muerto bajo custodia desde julio de 2024, en un entorno marcado por aislamiento prolongado, torturas y tratos crueles. Ese saldo revela el mismo patrón de siempre: detenciones políticas, encierro sin garantías y familias condenadas a esperar noticias que llegan tarde o no llegan.
La denuncia se produjo, además, en medio de protestas de familiares frente a El Helicoide y otros centros de detención, donde exigieron claridad sobre las supuestas excarcelaciones. El opositor Edmundo González Urrutia también denunció que el régimen no ha concretado ni siquiera una mínima parte de lo prometido y que las familias siguen sin listas, sin información y sin certezas.
En ese cuadro, la muerte de Torres Fernández no queda como un episodio aislado. Expone otra vez la lógica de un aparato represivo que encarcela por motivos políticos, dilata decisiones, oculta información y deja a los presos y a sus familias en manos de una maquinaria que responde con silencio, versiones oficiales tardías y liberaciones parciales. Eso es lo que ocurre cuando el poder trata la libertad como concesión y la vida humana como un expediente.
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