La Casa Blanca confirmó que uno de los muertos en el choque armado entre una lancha procedente de Florida y la Guardia Guardafronteras cubana era ciudadano estadounidense. El episodio dejó cuatro fallecidos, seis heridos y un nuevo foco de tensión entre La Habana y Washington, con sobrevivientes bajo custodia en la isla.
El hecho ocurrió el miércoles cerca de Cayo Falcones, cuando la embarcación fue interceptada por cinco miembros de las Tropas Guardafronteras. Según la versión del régimen, la nave intentaba entrar de manera ilegal a Cuba y sus ocupantes dispararon primero. Esa secuencia terminó con un tiroteo mortal y con el arresto de los seis heridos.
Washington dijo además que el resto de los involucrados podría incluir residentes permanentes de Estados Unidos, mientras fuentes oficiales citadas por CBS News señalaron que al menos uno de los ocupantes tenía una visa K-1. La Casa Blanca también confirmó el dato a CBS News y BBC, aunque todavía no ha divulgado las identidades completas de todos los pasajeros ni ha explicado por qué la lancha estaba en aguas cubanas.
El Ministerio del Interior cubano identificó a los muertos como Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. También informó los nombres de los heridos y detenidos: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordan Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila.
La versión oficial de La Habana insiste en que los ocupantes iban armados con fusiles de asalto, pistolas, cócteles molotov, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje, y que el propósito era ejecutar una “infiltración con fines terroristas”. BBC News añadió que a bordo se recuperaron dispositivos explosivos improvisados y otros equipos tácticos. El régimen también dijo que la mayoría de los implicados tenía antecedentes de actividades delictivas y violentas.
La embajada cubana en Estados Unidos aseguró que dos de los detenidos estaban buscados por la justicia cubana y habían sido incluidos en listas entregadas a autoridades estadounidenses en 2023 y 2025 por presunta implicación en actos de terrorismo. El propietario del bote, registrado en Florida, denunció además ante la oficina del sheriff del condado de Monroe que la embarcación fue robada de su muelle en los Cayos y acusó a un ex empleado de sustraerla sin permiso.
Marco Rubio dijo que el gobierno estadounidense investiga el caso y mantiene comunicación con sus contrapartes cubanas. Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó que existe disposición de ambos lados para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Las dos partes, sin embargo, siguen sin ofrecer una versión completa de lo ocurrido.
El episodio abre una nueva grieta en la relación bilateral en un momento ya marcado por sanciones, aranceles y un endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump hacia Cuba. En ese tablero, el régimen vuelve a aparecer en el centro de un hecho grave, con un operativo armado en su costa, muertos, detenidos y una investigación que todavía deja más preguntas que respuestas.
Para Cuba, el costo político es inmediato. Cada incidente de esta naturaleza expone la fragilidad de la frontera marítima, la opacidad con que actúan las autoridades y la dependencia del régimen de una narrativa de seguridad que termina siempre en más control, más detenciones y menos claridad para la opinión pública. Mientras se revisan los hechos, los seis sobrevivientes permanecen en manos de las autoridades cubanas.
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