Cuba estrenó una nueva Ley de Aduanas presentada por el régimen como un paso hacia la “modernización”, pero cuyo alcance real apunta a reforzar el control fronterizo, los decomisos y la capacidad de vigilancia sobre viajeros y mercancías. La norma quedó oficializada con la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto-Ley 108, su Reglamento, el Decreto 134, y nueve resoluciones complementarias que sustituyen un entramado legal vigente desde hace más de 30 años.
La Aduana General de la República ha intentado vender el cambio como un salto hacia procedimientos más ágiles, transparentes y profesionales, con referencias a la Organización Mundial de Aduanas y a la Constitución. En su comunicado, el organismo aseguró que la intención es perfeccionar institucionalmente su labor, armonizar procesos y facilitar las operaciones de comercio exterior y de viajeros.
La letra de la norma cuenta otra historia. El propio Decreto-Ley define entre las funciones de la Aduana la protección de las fronteras económicas y de la “seguridad de la sociedad socialista”, una fórmula que deja claro su vínculo directo con los intereses políticos del Estado. Bajo ese marco, la institución gana más herramientas para vigilar, retener, ocupar y decomisar mercancías, valores y documentos.
El nuevo esquema también amplía el control sobre personas, equipajes y medios de transporte mediante inspecciones físicas, tecnológicas y radiológicas, además del uso de sistemas de vigilancia y unidades caninas. La Aduana queda facultada incluso para impedir el acceso a áreas estériles o el abordaje de un pasajero que se niegue a someterse a los controles establecidos.
Mientras el discurso oficial insiste en la facilitación del comercio y en la transparencia, la concentración de facultades en la jefatura aduanera y el margen discrecional de muchas de sus decisiones alimentan las denuncias de viajeros y cubanos en el exterior. Durante años han reclamado decomisos arbitrarios, multas desproporcionadas y ausencia de garantías reales para defenderse ante los abusos en frontera.
William Pérez, vicejefe primero de la Aduana, dijo que la legislación mantiene los beneficios vigentes para las importaciones no comerciales de alimentos, aseo, medicamentos, insumos médicos y plantas eléctricas, y que entrará en vigor 90 días después de su publicación, tras un período de preparación y divulgación.
En medio de la crisis económica, la llamada modernización refuerza el aparato de control del régimen sobre el flujo de bienes que sostienen a miles de familias. La nueva ley prioriza la seguridad, la recaudación y la obediencia sobre los derechos ciudadanos, y deja a la Aduana con más poder para castigar, retener y limitar.
La nueva Ley de Aduanas en Cuba se vende como modernización, pero amplía el poder de vigilancia, retención y decomiso del régimen sobre viajeros y mercancías.[24][
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