El colapso del sistema de salud en Cuba ya no se mide solo por consultorios vacíos, hospitales sin recursos y farmacias desabastecidas. Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana calcula que más de 8.000 personas habrían muerto en medio de la actual crisis sanitaria, una cifra que desborda por completo los datos admitidos por el régimen y retrata la magnitud real del desastre.
El documento, titulado El colapso sanitario en Cuba, atribuye la emergencia a decisiones políticas prolongadas que han ido desarmando la red pública de salud hasta dejarla incapaz de responder a una sindemia marcada por chikungunya, dengue, oropouche y virus respiratorios. El OCAC coloca el foco donde el poder intenta correrlo: en la responsabilidad directa de un modelo que abandonó la prevención, la inversión básica y la protección de la vida.
La propia información reconocida por las autoridades sirve de base al cálculo. Según el dossier, más del 30 % de la población cubana, unos 2,9 millones de personas, habría enfermado durante el brote de chikungunya. A partir de ese dato, el observatorio aplica tasas de letalidad usadas internacionalmente y estima al menos 8.700 fallecidos en un escenario moderado, frente a los 47 decesos que el régimen admitía hasta mediados de diciembre.
La distancia entre unas cifras y otras expone la opacidad habitual con que el aparato estatal maneja la crisis. El informe advierte que la mortalidad podría ser todavía mayor por la saturación hospitalaria, la coinfección con otros virus, la malnutrición generalizada y la falta de atención médica oportuna. En un país donde enfermarse ya es una condena, la ausencia de respuestas se convierte en parte del daño.
El deterioro no surge de la nada. Entre 2021 y 2024, Cuba perdió más de 30.000 médicos y más de 15.000 trabajadores de enfermería. Al mismo tiempo, el sistema dejó de contar con más de 7.000 camas hospitalarias, una sangría que golpeó hospitales generales, pediátricos, clínico-quirúrgicos y policlínicos. El régimen ha vaciado el sector y luego pretende maquillar las consecuencias con propaganda sanitaria.
A ese desplome se suma la falta persistente de medicamentos e insumos. El OCAC cita datos oficiales según los cuales, a inicios de 2025, el 64,5 % de los medicamentos que debía suministrar BioCubaFarma al Sistema Nacional de Salud estaba en falta. Después, la entidad dejó de publicar actualizaciones, otro gesto de la misma política de ocultamiento que agrava la incertidumbre de pacientes y familias.
El informe también desnuda las prioridades del poder. En la última década, salud pública y asistencia social recibieron apenas un promedio del 2 % de la inversión estatal, mientras el turismo concentró más del 30 %. Esa jerarquía explica mucho más que cualquier discurso oficial: el régimen prefirió apostar por vitrinas y divisas antes que sostener un sistema sanitario funcional para los cubanos.
La crisis sanitaria llega además sobre un terreno de basura acumulada, control vectorial inexistente e inseguridad alimentaria estructural. El OCAC documenta montañas de desechos sin recoger en zonas urbanas y un país donde solo el 15 % de la población logra garantizar tres comidas diarias. La mayoría reduce raciones o depende de remesas y ayudas externas para sobrevivir, con un organismo debilitado que queda más expuesto a cualquier brote.
El documento denuncia también la manipulación de las estadísticas epidemiológicas. Según testimonios de profesionales de la salud recogidos en la investigación, muchas muertes asociadas a arbovirosis no aparecen como tales en los certificados de defunción, porque se omite la infección viral como causa antecedente. El OCAC señala que esa práctica ya se aplicó durante la pandemia de COVID-19, bajo el mismo patrón de ocultamiento que hoy vuelve a repetirse.
La conclusión es dura y precisa: mantener a la población en malnutrición, indefensión sanitaria y exposición constante a riesgos epidemiológicos constituye violencia estructural. La crisis sanitaria en Cuba refleja el agotamiento de un modelo político y económico que ha convertido el derecho a la salud en una promesa vacía y ha dejado al ciudadano librado a su suerte frente al derrumbe del sistema.
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